Columna en El Líbero: Arrebato legislativo

• 25 de Diciembre, 2017

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Si bien las autoridades deben ejercer su rol durante toda la vigencia de su mandato, la forma de hacerlo debiese considerar el respaldo que su proyecto político tiene en la ciudadanía, particularmente cuando en uno de los procesos eleccionarios más masivos de los últimos tiempos ésta se ha manifestado mayoritariamente en contra. Pero nada de eso está ocurriendo. El resultado de las elecciones parece no haber alterado el ímpetu legislativo del gobierno saliente, que insiste en sacar adelante sus proyectos haciendo caso omiso de las críticas.

Además de ser cuestionable desde el punto de vista político, la insistencia en sacar adelante determinadas iniciativas en el poco tiempo que queda de mandato puede tener graves consecuencias desde un punto de vista técnico. Tal es el caso del proyecto de ley sobre educación superior, cuya discusión en particular comenzará recién el 4 de enero próximo en la Comisión de Educación del Senado y que de acuerdo al cronograma deberá ser despachado de dicha comisión el 17 del mismo mes.

En sólo seis sesiones los senadores deberán zanjar una serie de materias en las que no existe consenso técnico ni político, condicionando el desarrollo futuro de la educación superior. Se trata de un proyecto de ley altamente complejo, que altera por completo la visión sistémica de la educación superior chilena, además de crear nuevos órganos del Estado con amplias atribuciones y modificar en su esencia los mecanismos de financiamiento.

Sólo por nombrar algunos asuntos, en estas sesiones se deberá resolver definitivamente respecto de las características de un nuevo mecanismo de admisión que se propone para todas las instituciones de educación superior, sin que exista claridad de su conveniencia ni de quien debiese administrarlo; se creará una nueva subsecretaría a la que se le dotará de atribuciones que ningún otro órgano del Estado tiene sobre su sector, como fijar las vacantes y el monto de los aranceles de las instituciones de educación superior; se establecerá una Superintendencia cuyas atribuciones excesivas rayan en lo  inconstitucional; se impondrá una serie de prohibiciones a las universidades, que alteran su forma de organización actual y su desarrollo futuro, sin que la autoridad tenga identificado con claridad el alcance efectivo de esas prohibiciones; se establecerá un nuevo sistema de acreditación de las instituciones, basado en un modelo homogeneizante  que desconoce la diversidad de nuestro sistema; y se impone un nuevo mecanismo de financiamiento basado en fijación de precios que afecta la calidad del sistema. Todo esto en el marco de una discusión aún más compleja, que dice relación con si tendremos un sistema de educación basado en la autonomía y la confianza, o bien en la intervención y el castigo.

Sólo mediante un amplio consenso se puede llevar adelante una reforma de tal magnitud y el arrebato legislativo que presenciamos no contribuye a alcanzarlo.

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