El Líbero: Asistentes de la Educación

• 18 de Diciembre, 2019

Por: Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.

Dentro de los hechos importantes que pasan de manera desapercibida por ser poco noticiosos está la discusión que se ha dado en torno a los asistentes de la educación. Discusión que pone de manifiesto, una vez más, la calidad de nuestra legislación y también el afán regulatorio sobre las escuelas, que en este caso afecta especialmente al sector particular subvencionado.

El tema no ha sido fácil. Comenzó en abril con la modificación del estatuto de los asistentes de la educación pública, que trajo dudas sobre su aplicación. Continuó con un dictamen por parte de la Dirección del Trabajo que esclareció las dudas existentes; pero cuando se pensaba clausurada la discusión, resurgió con el proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Congreso, el que busca revertir la decisión de la Dirección del Trabajo.

¿Cuál es el tema en cuestión? Con la modificación del estatuto, se extienden ciertos beneficios, tales como vacaciones durante el receso escolar, jornada laboral reducida, entre otros, “a los asistentes de la educación que prestan servicios en educación parvularia, básica y media, en establecimientos particulares subvencionados”.

A pesar de que la ley no lo manifestaba de manera explícita, el sentido era claro y la Dirección del Trabajo lo interpretó en su sentido literal, comprendiendo que la modificación se refiere solo a los asistentes que “cumplen labores relacionadas con el proceso de aprendizaje y mejoramiento de la educación”, sin aplicarse a quienes cumplen funciones administrativas o auxiliares, como contabilidad, finanzas, seguridad o limpieza del establecimiento. A pesar de lo anterior, el proyecto que está actualmente en discusión quiere aplicarlo a todos, independiente del tipo de labor que cumplen, cuestión que tiene una serie de implicancias prácticas.

La razón de extender los beneficios de feriado a los asistentes durante la interrupción de las actividades escolares es igualar las condiciones laborales de docentes y asistentes de aula, pues quienes están dentro de la sala de clases o en el proceso de aprendizaje están sujetos a la misma carga laboral y emocional, y por ello un trato diferenciado resultaba discriminatorio.

Sin embargo, cuando se trata de asistentes administrativos o auxiliares, la situación es distinta. De hecho, muchas de sus funciones se ejercen durante la interrupción de las actividades escolares; es por esto que la obligación de darles vacaciones en ese período termina siendo perjudicial para entregar de manera correcta el servicio educacional. Durante las vacaciones de los estudiantes se realizan las mejoras y arreglos del establecimiento, se llevan a cabo los convenios con proveedores, y se siguen pagando las remuneraciones de todos los trabajadores. También muchas escuelas se mantienen funcionando con actividades de verano.

La aplicación de la normativa que se pretende perjudica especialmente a los establecimientos particulares subvencionados, pues realizan de manera directa estas labores, a diferencia del sector público o municipal donde no es el establecimiento, sino el Servicio Local o el Departamentos de Administración Educacional Municipal (DAEM), el encargado de realizarlas. Aquí se estaría obligando a las escuelas subvencionadas al absurdo de tener que contratar reemplazantes para las vacaciones de sus asistentes y poder así seguir cumpliendo con sus obligaciones.

Permitir que estos asistentes continúen siendo regulados por el Código del Trabajo no supone aquí una discriminación -como en ocasiones se ha dicho-, sino a comprender la naturaleza de sus funciones. No hay una razón por la cual, a diferencia de la mayoría de los trabajadores chilenos, deban tener más de 2 meses de vacaciones u otros beneficios especiales.

Bajo esta aplicación que pretende el proyecto de ley, se perjudica una vez más a la educación subvencionada imponiendo mayores cargas y costos, sin comprometer mayores recursos para hacerles frente, que impiden una entrega efectiva de la educación. Es de esperarse que en la instancia de discusión que queda los parlamentarios sean capaces de atender al bien del sistema.