El Líbero: Desmunicipalización de los colegios: ¿El nuevo Transantiago que dejó Bachelet?

• 4 de Octubre, 2022

A cinco años de la emblemática reforma de la ex Presidenta, su implementación tiene graves problemas de financiamiento, de retraso, de capacidades técnicas y no ha mejorado la calidad. El ministro de Educación reconoció ante el Congreso una serie de “nudos críticos”, y anunció cambios profundos.

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Cuando en noviembre de 2017 la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley 21.040 de “Nueva Educación Pública” de desmunicipalización de los colegios, prometió que permitiría “avanzar en acceso, calidad, equidad e inclusión”.

En su alocución en La Moneda, la Mandataria no escatimó en elogios en los múltiples beneficios que, a su juicio, tendría el traspaso de los colegios desde los municipios a servicios estatales centralizados.

“Tiene una nueva visión sobre la equidad, sobre la responsabilidad del Estado, sobre la descentralización y, sobre todo, sobre la labor pedagógica», aseguró.

La Presidenta afirmó que la nueva educación pública “es la única que puede garantizar que la educación sea un verdadero derecho para las personas en cualquier localidad, y con los mejores estándares de calidad”.

“Para terminar con esas diferencias de calidad, esa tarea estará desde ahora a cargo de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública”, dijo Bachelet.

Los “nudos críticos” de la desmunicipalización que reconoció el ministro de Educación en el Congreso

En su informe de 47 páginas, “Estado de avance Implementación Sistema de Educación Pública”, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, reconoció cuatro “nudos críticos” de la ley.

El primero, “entregar mayor tiempo previo al traspaso de los establecimientos”.

Eso significa que se retrasará el proceso de desmunicipalización. Por ejemplo, entre 2023 y 2026 el calendario actual contempla crear 59 servicios. Sin embargo, el Mineduc amplió ese plazo a 2029.

El segundo nudo crítico tiene que ver con la falta de recursos. El ministro Ávila reconoce una reducción de la disponibilidad presupuestaria con término (2025).

Ávila aseguró que se deberá considerar también el transporte escolar, ya que han detectado una merma en la asistencia presencial. También reconoció falta de apoyo, complejidades de gestión y que el “proceso ha estado más centrado en la operación antes que en el pago de deudas”.

“Esta es una ley que parece no haber dimensionado lo que significaría el proceso que estaba iniciando. Es por ello que, antes de seguir avanzando en el traspaso de más escuelas, es importante ir resolviendo los problemas que se han ido identificando y extender los plazos contemplados”, afirma María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD).

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, sostiene que, “desde la discusión de esta reforma había cierta claridad que los problemas que se observaban eran más complejos y profundos de los que estimaba el gobierno de la Presidenta Bachelet, y que la ley los abordaba de forma parcial y en algunos casos, equivocada”.

“Se han hecho esfuerzos importantes y ha habido avances, pero han estado limitados por problemas de diseño de la ley”, afirma Rodríguez.

En su opinión, el principal acierto de la reforma es que, hasta cierto punto, se mantuvo a raya la idea de un control directo de los colegios por parte del Ministerio de Educación.

“Si bien la estructura actual es centralista, el Ministerio no es un sostenedor, y los colegios siguen siendo autónomos en su esencia. Es una garantía importante que debe protegerse y ojalá ampliarse”, explica el director ejecutivo.

A su vez, el principal error es que, a su juicio, por el tamaño de los servicios locales, se desacopló el poder local de la administración de la educación pública.

“Eso termina por distanciar a la ciudadanía, tanto geográfica como políticamente, de los servicios que el Estado le provee, y le quita control y poder de decisión. Los alcaldes no eran la mejor opción, pero al menos se entendía que los encargados de la educación eran elegidos democráticamente”, indica Daniel Rodríguez.

Sobre la promesa de Bachelet de que mejoraría la calidad educativa, el director ejecutivo es categórico en señalar que, “en términos de logros de aprendizaje, no se observa variación en ningún indicador, pero es apresurado sacar conclusiones. El indicador clave es que las familias vean una opción competitiva e interesante, de características específicas, y que eso se materialice en un aumento de la matrícula”.

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