En el legado que quiere dejar la Presidenta Michelle Bachelet en sus cuatro años de gobierno, la gratuidad en la educación superior ocupa un lugar cimero.
“La gratuidad llegó para quedarse y para seguir ampliándose. Y ése es un logro no de un gobierno, sino de toda la sociedad, ¡así que hay que defenderlo con mucha fuerza ese logro!”, dijo la gobernante el mes pasado al anunciar que el beneficio se extenderá durante 2018 del 50% al 60% de los jóvenes de menores ingresos, tanto en universidades, institutos y centros de formación técnica que adscriben a la política.
Sin embargo, lo que parece que también “llegó para quedarse”, como daño colateral de la gratuidad, es el millonario déficit que dejará en las instituciones la gratuidad.
El “daño colateral” de la gratuidad: $108 mil millones de déficit en los primeros cinco años
Ello, porque durante los primeros cinco años de implementación (2016-2020) les generará a las universidades que se acojan a ella, al menos $108 mil 363 millones en pérdidas, según un estudio de la fundación Acción Educar, que utilizó datos del Ministerio de Educación obtenidos a través de la ley de transparencia.
El cálculo se hizo de manera “extra conservadora”, ya que supone que la cobertura de gratuidad se mantiene hasta 2020 en el 60% al que llegará durante 2018, que no ingresen nuevas instituciones al beneficio, que todas las instituciones respeten el tope máximo de crecimiento de la matrícula de primer año impuesto en la ley del 2,7%. Como en una espiral ascendente, a 2022 el déficit superará los $155 mil 875 millones.
Los déficits que ya son de público conocimiento, y admitidos por el Mineduc, son los $20 mil 929 millones de 2016 y los $17 mil 293 millones de este año, que totalizan los $38 mil millones.
Este problema ha sido advertido por diversos especialistas, como el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, ex ministro de Economía del primer gobierno de Bachelet, quien advirtió en este diario que a mayor cantidad de alumnos con el beneficio, más se reducen los ingresos a las universidades adscritas, lo que genera un déficit insostenible.
Diego Portales, Autónoma, Finis Terrae, Alberto Hurtado y la PUC con los mayores déficits por gratuidad
Las universidades Diego Portales, Autónoma, Finis Terrae, Alberto Hurtado y la Católica (PUC) son las que tendrán más perjuicio por la gratuidad.
La casa de estudios que dirige el rector Carlos Peña seguirá liderando ampliamente el déficit, como en 2016 y 2017, en que tuvo $10 mil millones. A 2020, en tanto, las arcas de la UDP tendrán $32 mil millones de menores ingresos.
Desde que se lanzó la gratuidad en 2015, el rector Peña ha advertido que “va a lesionar de manera severa a muchas instituciones”, y en septiembre pasado reiteró que “los planteles que adhieren a la gratuidad están siendo maltratados desde el punto de vista del financiamiento, no van a mejorar su calidad, van a empeorar”, y mantiene en estudio su decisión de retirarse del beneficio.
También a 2020, la Universidad Autónoma tendrá un déficit de $27 mil millones, la Finis Terrae de $18 mil millones, la Alberto Hurtado de $9 mil millones y la Católica de $7 mil millones.
Director de Acción Educar: “La gratuidad universal es insostenible en el tiempo”
Raúl Figueroa, director ejecutivo de la fundación Acción Educar, plantea que “el diseño de la política de gratuidad –que conlleva necesariamente la fijación de precios- impacta directa y negativamente en la calidad de los proyectos educativos”.
Figueroa agrega que la situación deficitaria que actualmente muestran las instituciones de educación superior producto de esta política seguirá incrementándose en el tiempo e impactando negativamente en el desarrollo de estos proyectos.
“Bajo este escenario es importante tener en cuenta que, si se va a mantener la política de gratuidad, como lo han anunciado las candidaturas presidenciales, se deben tomar medidas que apunten a evitar los efectos negativos que esta política ha generado. Para ello, es importante acotar la gratuidad a los jóvenes que hoy tienen derecho a ella, lo que facilita realizar las correcciones necesarias y combinarlo con un sistema de becas y créditos perfeccionado”, señala el directivo.
Raúl Figueroa es categórico en afirmar que “ciertamente, la gratuidad universal es insostenible en el tiempo, tanto respecto de los recursos que el Estado tendría que destinar a ello, como en lo que se refiere a los efectos negativos para las instituciones. De hecho, países como Australia o Inglaterra abandonaron la lógica de la gratuidad universal, precisamente por la inviabilidad de la política. En el caso de una gratuidad focalizada, es fundamental acotarla y rediseñar la forma en que se asignan los recursos”.