Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
En pocos días más deberemos manifestarnos, mediante el voto, respecto de quién tendrá la responsabilidad de dirigir los destinos del país. El tenor de las campañas presidenciales y especialmente los debates han dejado en evidencia las distintas visiones de sociedad que están en juego. Asimismo, en un ejercicio que toma cada vez más relevancia, los candidatos han plasmado sus miradas en sus respectivos programas de gobierno, aportando claridad respecto del rumbo que tomará Chile dependiendo de quien resulte ganador.
Ciertamente, el ámbito educacional no está ajeno a la disyuntiva en la que los candidatos nos han colocado y sus propuestas –como hemos podido apreciar- son ampliamente variadas. En ese escenario, resulta interesante detenerse y observar cómo ha evolucionado la percepción de los chilenos respecto de las características de un sistema educacional deseable.
Inicialmente, el gobierno de Bachelet, que asumió con un gran respaldo popular tanto en las votaciones que obtuvo como en las encuestas que se hicieron al iniciar su gestión, contaba con un apoyo importante hacia los cambios que su programa planteaba. Pero ese respaldo fue evolucionando y disminuyendo drásticamente en la medida que los mismos ciudadanos fueron comprendiendo en qué consistían en concreto las modificaciones que se querían hacer.
Frente a la promesa de un sistema educativo de mayor calidad, que brindara más oportunidades y fuese más inclusivo, era razonable un apoyo masivo, como se mostró en su momento. Sin embargo, mientras se fueron conociendo los detalles de la reforma educacional la percepción de la ciudadanía también comenzó a mutar, y ese mismo grupo que apoyaba los cambios fue identificando cómo valores trascendentales del sistema se iban viendo afectados, tales como la diversidad de proyectos educativos, la necesaria autonomía para llevarlos a cabo y la libertad de las familias para poder influir en la educación de sus hijos. Este cambio en la percepción ciudadana fue quedando en evidencia, entre otros medios, a través de la serie de encuestas que se fueron publicando semana a semana y que fueron acompañando las iniciativas del gobierno, las cuales mostraban cómo el apoyo a la reforma educacional caía sistemáticamente.
La razón por la cual ese apoyo cambió no obedece a que los objetivos de los chilenos variaran. La ciudadanía sigue queriendo un sistema de calidad y que dé cuenta de una mayor inclusión, pero también quiere un sistema de educación que les asegure alternativas y oportunidades efectivas, que reconozca el rol educador de los padres, que promueva la diversidad de proyectos educativos y que, por esa vía, permita avanzar en beneficio de los estudiantes y familias.
La preferencia por establecimientos particulares subvencionados —solo un 36% de la matrícula asiste a colegios municipales— deja en evidencia que la diversidad de proyectos es un valor que los chilenos aprecian y que la monopolización de la educación por el aparato estatal no es bien recibida. En tal sentido, el dilema al que nos enfrentamos se hace evidente si comparamos las propuestas de los dos candidatos con mayor probabilidad de pasar a una eventual segunda vuelta, esto es, Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.
Mientras el candidato de Chile Vamos centra su propuesta en la sociedad civil como principal actor del sistema educacional, el de Fuerza de Mayoría pone el énfasis en el continuismo de las reformas del esta gobierno y en la relevancia del Estado como proveedor de educación. No llama la atención, entonces que a la luz de las encuestas el primero tenga las de ganar.