El Líbero: Gastos comprometidos en educación superan los US$7.400 millones y copan ingresos de la reforma tributaria
El lunes 31 de marzo de 2014, la Presidenta Michelle Bachelet realizó su primera cadena nacional para anunciar el envío al Congreso del proyecto de ley de reforma tributaria, que calificó como una de las más importantes de su Gobierno porque recaudaría US$8.200 millones y permitiría “distribuir las cargas con justicia y equidad”.
“Buena parte del dinero recaudado será para llevar adelante nuestra reforma educacional, junto con otros proyectos de protección social, además de cuidar nuestras finanzas, equilibrando el déficit fiscal que heredamos”, dijo en su discurso televisado desde La Moneda.
Sin embargo, según un estudio de la fundación Acción Educar que tuvo a la vista“El Líbero”, la reforma educacional del Gobierno en la enseñanza básica, media y superior, que continuará implementando la nueva ministra Adriana Delpiano, nombrada ayer, comprometerán un gasto anual de US$7.383 millones, cuando estén todas operativas en régimen. Las fuentes de información son los informes financieros de los proyectos de ley, datos del Servicio de Información de Educación Superior y de la propia fundación.
Esa cifra copa prácticamente todos los recursos que recaudaría eventualmente la reforma tributaria (US$8.200 millones), y no dejaría recursos para los otros destinos que prometió la Presidencia en materia de protección social y equilibrar el déficit fiscal.
De hecho, el debate político y económico actual es cuánto reducirá la recaudación tributaria el magro crecimiento del país, -que el año pasado fue 1,9% y este año sería alrededor del 2,5% o menos-, la caída en el precio del cobre y la inversión privada, y el bajo consumo de las personas, dado que el IVA recauda la mitad de los ingresos fiscales.
Incluso, según un estudio de Cecilia Cifuentes, investigadora del Instituto de Libertad de Desarrollo (LyD), entre 2014 y 2016 el fisco dejará de percibir alrededor de US$20 mil millones, lo que generaría un inédito déficit fiscal cercano al 7%.
Por ello hay economistas, como Sebastián Edwards, Cecilia Cifuentes y Rafael Garay, que plantean que la recaudación por efecto de la reforma tributaria podría estar entre los US$5 y 6 mil millones, los que ni siquiera permitiría financiar la reforma educacional.
Gratuidad en educación superior es la más cara
El anuncio de la Mandataria el pasado 21 de mayo de darles educación superior gratuita a los alumnos del 60% más vulnerables que estudien en universidades del CRUCH y en institutos profesionales y centros de capacitación técnica, es el proyecto de ley que más recursos le costará a los contribuyentes.
El costo para el próximo año ascenderá a US$1.837 millones, que casi se duplicará a US$3.063 millones cuando esté plenamente en régimen. Adicionalmente, la ley vigente que eliminó el lucro, la selección y el copago en los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media, y que fue duramente cuestionada por los apoderados, sostenedores y parlamentarios de la Alianza, superará los US$1.106 millones.
A esos montos hay que sumar US$2.458 millones del proyecto de carrera docente, que tiene paralizado a los profesores de las escuelas públicas del país hace un mes, y en una fuerte tensión al Gobierno con el Colegio de Profesores. Esos recursos no incluyen eventuales gastos adicionales que se puedan incluir en el petitorio del gremio.
Las remuneraciones a docentes municipales costarán US$755 millones, a sus colegas de los colegios subvencionados otros US$871 millones, la disminución de horas lectivas (US$577 millones) y las remuneraciones parvularias (US$214 millones), entre otros.
Otros gastos en educación
El estudio de Acción Educar agrega que hay que sumar los US$ 190 millones que le cuesta al fisco construir 15 Centros de Formación Técnica en cada región del país, y otros US$25,9 millones para financiar la construcción de dos universidades públicas en las regiones de O’Higgins y Aysén.
Desmunicipalizar la educación básica y media costará US$1.268 millones el primer año, que luego bajaría a US$339 en los restantes años. El pago inicial se debe destinar a pagar US$237 millones en deudas de arrastre en educación que tienen los municipios, ajustes en la dotación de personal, adelantos en la subvención y aporte municipal permanente.
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, plantea que las cifras del Gobierno no cuadran: “Ello obliga a revisar los proyectos de educación en dos sentidos, que efectivamente sean posibles de financiar y no generen desequilibrios fiscales y, segundo, en cuanto al fondo de las medidas considerando la manera en que han sido diseñadas generarán efectos negativos al sistema educacional”.
El especialista cuestiona que el Ejecutivo haya aprobado la reforma tributaria sin que existieran los proyectos de educación y, por ende, desconociera los reales costos.
