El Líbero: Gratuidad en educación superior anunciada por Bachelet deja fuera a 425 mil estudiantes vulnerables
Por U. Gómez
Dar gratuidad en educación al 60% de alumnos más vulnerables el próximo año fue uno de los anuncios que realizó la Presidenta Michelle Bachelet en la Cuenta Pública ante el Congreso pleno, y que está en línea con su compromiso de extenderla al 70% al final de su Mandato.
“A partir de 2016 aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes. Esta medida es coherente con nuestro Programa de Gobierno y seguiremos avanzando decididamente hacia la gratuidad universal”, prometió la Mandataria.
Sin embargo, dichas exigencias dejan fuera, al menos, a 425 mil alumnos de educación superior que están dentro del 60% más vulnerable del país, según cifras que obtuvo “El Líbero” de un estudio de Acción Educar, y de Gonzalo Vargas, presidente de la agrupación Vertebral, que reúne a los 100 Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica del país (CFT).
La cifra se desglosa en 175 mil alumnos vulnerables que estudian en universidades privadas que no pertenecen al CRUCh, y otros 250 mil que están matriculados en IP y CFT. Es decir, el 62% de los estudiantes de menores recursos quedará fuera del beneficio anunciado por la Presidenta.
“Esta medida no apunta a mejorar las condiciones de los estudiantes en función del mérito y sus condiciones socioeconómicas, dejando fuera a la gran mayoría de los estudiantes de educación superior del país”, señaló Gonzalo Vargas a este medio.
El también rector de Inacap, -institución sin fines de lucro pero que no cumple la exigencia societaria anunciada por Bachelet-, aseguró que dos tercios de los alumnos de la educación superior quedarán excluidos en forma automática, dado que en las universidades del CRUCh estudian 400 mil alumnos, y 800 mil en el resto de las casas de estudios y en IP y CFT.
Especialistas critican que ayuda no esté focalizada en los alumnos y en la calidad
Tres expertos en educación del Centro de Estudios Públicos (CEP), Libertad y Desarrollo (LyD) y Acción Educar coinciden en sus críticas a la iniciativa, porque discrimina a estudiantes con la misma condición socioeconómica, y no pone el foco en la calidad, planteamiento similar al de varios rectores de universidades privadas.
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, califica de “profunda discriminación” la medida, y afirma que el criterio para aplicar la gratuidad está equivocada.
“El gobierno no está respetando la elección de los jóvenes, sino a quienes optaron por un grupo de universidad, siendo que no hay elementos objetivos que permitan hacer esa distinción. Pensar que una universidad que pertenece al Consejo de Rectores es una mejor universidad es un error”, señala Figueroa.
El especialista añade que otro efecto negativo es que el financiamiento no se hará a través del sistema de becas y créditos, lo que implica reemplazar el financiamiento a los estudiantes por el financiamiento a las instituciones.
“Eso tiene una serie de complejidades de diseño que podrían alterar la calidad del sistema educacional y la diversidad, generando frenos al desarrollo y homegenizando, lo que es una consecuencia negativa de una política pública”, dice el director ejecutivo de Acción Educar.
En esa línea, María Paz Arzola, investigadora de LyD, argumenta que las universidades estatales tienen, en promedio, un menor número de publicaciones ISI (Institute for Scientific Information) que las universidades privadas del CRUCh (136 versus 250). Lo que es más evidente si se excluye del grupo de universidades estatales a la Universidad de Chile (con 1.081 publicaciones), que difiere significativamente del resto, bajando aún más el promedio de publicaciones de las universidades estatales (69 publicaciones).
Además, los años de acreditación también muestran que las universidades estatales tienen un promedio de años inferior que las privadas (4,1), tanto pertenecientes al CRUCh (5,5), como fuera de éste pero adscritas a la PSU (5,1). Lo anterior es especialmente preocupante cuando se excluye del grupo de universidades estatales a la Universidad de Chile, con lo que el promedio de años de acreditación cae a 3,9 años, señala la investigadora de LyD.
“Creo que lo más lógico es que el criterio de asignación de recursos sea la necesidad del alumno. Discriminar por tipo de institución es una mala forma de aproximarse a los alumnos que requieren más ayuda, y a las instituciones de buena calidad”, afirma Arzola.
Lo que va en directa contradicción, a su juicio, con el discurso “súper fuerte” del Gobierno de estar a favor de la inclusión, la equidad y en contra de la discriminación.
Sylvia Eyzaguirre, especialista del CEP, cuestiona que el criterio para entregar las ayudas no establezca la calidad de las instituciones, y que hay dudas respecto de cómo se fijarán los aranceles y condiciones del convenio para las instituciones que adhieran al sistema gratuito.
“Serán discriminados ciertos estudiantes por criterios históricos y no por la calidad de las instituciones. En IP y CFT se exige la acreditación pero que no tengan fines de lucro, que contempla la ley. Por qué se discrimina a ciertos estudiantes sin previo aviso, cuando la ley lo permite. Lo que debe primar es la calidad”, sostiene Eyzaguirre.
En su opinión, el apoyo del Estado deberá ser para instituciones acreditadas y de calidad, independiente si pertenecen o no al CRUCh.
“Me parece bien que se exija la acreditación, pero se estableció que sean solo las del CRUCh independiente de la calidad que tengan, cuando hay instituciones que no son del CRUCh que tienen mejor calidad, y que tienen más alumnos vulnerables que instituciones que están en el CRUCh. Están dejando fuera a instituciones de buena calidad con alumnos muy vulnerables que no se verán beneficiados y eso me parece lamentable”, plantea la investigadora del CEP.
Rectores no CRUCH acusan discriminación
El mismo día que la Presidenta hizo el anuncio en su Cuenta Pública, rectores de varias universidades privadas lo criticaron.
El rector de la Universidad Andrés Bello, José Rodríguez, sostuvo que “dejar fuera a miles de jóvenes sólo por estar estudiando en una universidad creada después de 1981 me parece un despropósito y, claramente, una discriminación”.
Su colega de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán, dijo que es “incomprensible que se limite la medida a las instituciones del CRUCh”. “Creo que se discrimina a los estudiantes más pobres al negarles el acceso a algunas instituciones de calidad”, afirmó.
En tanto, el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, añadió que la medida “está fuera de la realidad, porque deja fuera a la mayoría de los universitarios chilenos, que tienen las mismas características de los que están en las instituciones privilegiadas”. Mientras que el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez,Andrés Benítez, dijo que “si hubiera debido elegir a quién beneficiar, no hubiera sido por institución, sino por niveles de pobreza”.
