El Líbero: La “excusa” del Colegio de Profesores para seguir sin clases presenciales
El Colegio de Profesores acordó realizar una movilización el pasado 28 de mayo. Tres meses transcurrieron hasta que el gremio finalmente hizo la convocatoria, justo cuando el 74% de los establecimientos a nivel nacional retomó la presencialidad. Desde Acción Educar denuncian que esta es una estrategia, “eligiendo el momento preciso en el que ya no hay comunas en cuarentena”.
Por C. Vila
El Colegio de Profesores convocó a una movilización con el fin de exigir la suspensión de la puesta en marcha de los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), previsto para enero de 2022. En la práctica se trata de una nueva estrategia en la cruzada del magisterio que evita la presencialidad en las escuelas, con un llamado a los agremiados a manifestarse en el frontis de las seremis respectivas en pleno mediodía.
Tomás Recart, fundador y director Ejecutivo de Enseña Chile, denuncia que este nuevo llamado a movilización no es más que otra “excusa” del Colegio de Profesores. “Me parece realmente de mal gusto que después de tanto tiempo con las escuelas cerradas, y ellos que no estaban dispuestos a abrir sin Fase 4 del Plan Paso a Paso, ahora que toda la Región Metropolitana pasa a esa fase, quieren hacer una paralización”.
El Colegio de Profesores ha mantenido su posición en contra del retorno a clases presenciales durante la pandemia causada por el Covid-19, insistido en que “las condiciones para el ejercicio seguro de la docencia y el aprendizaje en espacios cerrados” solo es posible en la Fase 4 del plan Paso y Paso, y fueron impulsores de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa, precisamente por incentivar el retorno gradual y voluntario a las salas de clase. Incluso posterior a las vacaciones de invierno, el pasado 25 de julio -cuando el país ya marcaba una baja en la tasa de contagios y reportaba 1.446 casos nuevos- el presidente regional metropolitano del magisterio, Mario Aguilar declaró: “La gran mayoría no vuelve a las clases presenciales, porque han comprendido que es una decisión de alto riesgo”.
Ahora, las condiciones sanitarias están mejor que hace un mes. La positividad de los test PCR y antígenos se mantiene rondando el 1% a nivel nacional y el 2% en la Región Metropolitana; el número de nuevos contagios está por debajo de los mil diarios y el Ministerio de Salud informó que a partir de este sábado toda la Región Metropolitana avanzará precisamente a la fase de Apertura.
Pía Turner, encargada de proyectos de Acción Educar, cuestiona que la razón de esta movilización sea el rechazo a la Ley de Nueva Educación Pública, que la asamblea del gremio acordó hace tres meses: el 28 de mayo.
“Esta fecha es relevante, ya que evidencia la estrategia de esperar tres meses para el paro, eligiendo el momento preciso en el que ya no hay comunas en cuarentena y un gran número de establecimientos educacionales, que con todos los esfuerzos que implica, han abierto sus puertas. Considerando además, que estamos en el momento de mayor control de la pandemia, con las mejores circunstancias para que los estudiantes estén en las aulas”, argumenta la especialista en educación.
De acuerdo con Turner, el petitorio más que evidenciar un desinterés por las clases presenciales, es una muestra de que no tienen problema en perjudicar a los niños y niñas al momento de diseñar sus estrategias políticas. “El mayor riesgo es que muchos establecimientos no hayan podido abrir sus puertas el jueves (ayer), por estar parte de los docentes sumados a la movilización”, concluye.
El Ministerio de Educación informó esta semana que más de 11.500 recintos educativos han vuelto a las clases presenciales, lo que equivale al 74% a nivel nacional; y en la Región de Aysén se cumplió el hito de que el 100% de los colegios volvieron a la presencialidad.
“Como claramente perdieron el debate con el tema de apertura de escuelas, ellos van buscando otras aristas”, reclama Recart.
Para el Director de Enseña Chile, el petitorio del Colegio de Profesores es totalmente infundado y por eso insiste en que “las escuelas abiertas son esenciales para que los niños y niñas puedan acceder al derecho fundamental de la educación”.
Recart explica que en promedio la educación particular subvencionada no tiende a ser mejor que la pública, pero resulta que hay una migración muy masiva hacia los primeros. “Es importante entender que eso sucede porque cuando tienes uno o dos meses con el colegio sin abrir, el derecho a la educación no existe. Este hábito de tratar de levantar un punto por medio de la paralización de las comunidades escolares es obviamente algo que ha desgastado enormemente la educación pública en nuestro país”, asevera.
Por ende, “por muchos esfuerzos que hagamos para mejorarla, si seguimos con ese nivel de movilización y paralización nunca vamos a lograrla. No hay modelo de educación pública que aguante con el nivel de paralización que hay hoy día en nuestra educación”, agrega Recart. El director de Enseña Chile insiste en que este hábito que ha tomado el Colegio de Profesores de convocar a movilizaciones es insostenible. “Tenemos que tener las agallas para decir con fuerza que esto no ayuda a cambiar y transformar la educación pública, es justamente al revés”.
La resistencia del Colegio de Profesores
A través de un video publicado en las redes sociales del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, el presidente de la organización, convocó a una movilización para pedir que no entren en régimen los seis nuevos Servicios Locales de Educación Pública que pretende el gobierno implementar a partir del 1 de enero de 2022.
Díaz hace un llamado a que la movilización sea de carácter nacional, con el fin de “que todos los profesores y profesoras puedan manifestarse con respecto a que no queremos mas el SLEP. Estamos a la espera que desde el cambio constitucional podamos avanzar hacia una nueva forma de administrar la educación en nuestro país”, enfatizó.
En tanto, mediante una Circular Oficial del Directorio Nacional del gremio docente, acusan que la ley de Nueva Educación Pública, ha causado “despidos, disminución de carga horaria, cierre de escuelas, deudas a proveedores y estudiantes, demora en el pago de los salarios, perdida de los derechos laborales, entre otros, no pueden continuar generando daño”.
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