El Líbero: Los daños colaterales de la gratuidad universitaria, menos recursos para colegios y para la ciencia

• 11 de Octubre, 2017

Para financiar el aumento de la gratuidad en la educación superior al 60% de los alumnos, el Gobierno optó por quitarles $80 mil millones a los colegios municipales y subvencionados, reducir programas PACE y de educación parvularia y bajar el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), entre otros recortes.

De U. Gómez

La Presidenta Michelle Bachelet quiere dejar la gratuidad en la educación superior como uno de sus principales legados, y por ello en su última Cadena Nacional del 1 de octubre, en la que presentó el presupuesto público de 2018, prometió que “garantizaremos a los estudiantes del 60% de las familias más vulnerables la gratuidad en su educación superior. Eso significa que más de 380 mil estudiantes accederán a estudios sin costo alguno”.

La gratuidad universitaria, sin embargo, genera una serie de daños colaterales que afectarán de manera importante a la educación escolar municipal, subvencionada y a la ciencia, ya que los recursos que se irán a los estudiantes de educación superior se les quitarán a otros alumnos o a la investigación científica.

El perjuicio ya se observa en la decisión del Gobierno de congelar para el próximo año el incremento de recursos para colegios particulares subvencionados y municipales del país, que dejarán de recibir $80 mil millones prometidos en la ley 20.845. El recorte afectará directamente a 2,7 millones alumnos, y las comunas más deficitarias serán Antofagasta, Talca y Puerto Montt.

La ley que eliminó el lucro, la selección y el copago estableció, en su reemplazo, aumentar el aporte del Estado a los colegios municipales y subvencionados sin fines de lucro que sean gratuitos y estén suscritos en la subvención escolar preferencial (SEP).

Para ello se estableció un aumento gradual de los aportes entre 2016 y 2018 que sería este año de $8.300 y subiría a $10.700 el próximo año, pero el Gobierno decidió no entregar ese aumento monetario.

El recorte presupuestario que unió a Jackson con la UDI

Esa polémica decisión llevó a alinearse públicamente en la misma fila opositora al diputado Giorgio Jackson (RD) y a parlamentarios UDI y RN.

“Creo que no es bueno que el gobierno deshaga promesas que estaban incorporadas en una ley que afecta el financiamiento de la educación pública y también la subvencionada que optó por ser gratuita e inclusiva”, dijo Jackson.

La senadora, Ena Von Baer (UDI), afirmó que “lo dijimos, anticipamos que esto iba a suceder. Se hizo la promesa de que no iba a afectar la calidad de la educación y finalmente bajará la calidad de la educación”.

El diputado Jaime Bellollio, también UDI, acusó al Gobierno de cambiar las reglas del juego, y advirtió que la medida es “completamente inconstitucional”.

El impacto en los colegios de los menores recursos

Los especialistas consultados por este diario coinciden en criticar la reducción del presupuesto, advierten el impacto que tendrá en la calidad educativa y afirman que es un resultado directo del aumento de gratuidad.

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), asegura que “es evidente que el recorte del presupuesto en educación escolar y también en los programas PACE, educación parvularia e inversión en Fondecyt responden a la extensión de la gratuidad en educación superior”.

A su juicio, gastar en dicho ítem implica dejar de invertir en otras “áreas que son relevantes para el país. Qué más claro que el presupuesto no respeta una ley aprobada en el Congreso que compromete un aumento de recursos en educación escolar”.

Eyzaguirre plantea que la disminución de $80 mil millones puede “complicar seriamente” a los colegios, porque ese dinero era parte de su planificación del proyecto educativo para los próximos tres años.

“Los colegios dejaron de cobrar financiamiento compartido porque en el tercer año iban a nivelar sus ingresos al recibir esos recursos. Pero eso se fue al tacho de la basura y no tendrán recursos comprometidos, van a tener problemas económicos y tendrán que ver cómo ajustan su presupuesto a esta nueva realidad”, concluye la investigadora del CEP.

En la misma línea, Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, critica la distorsión que genera el recorte presupuestario en el diseño de políticas públicas, y que el gobierno no cumpla con la ley.

“Me parece grave que el gobierno, debiendo cumplir con un cronograma de inversión escolar, lo congela y destina los recursos a la gratuidad en educación superior. Eso es una cuestión que debiese corregirse”.

Figueroa agrega que es muy complejo que se les haya pedido a los colegios renunciar al financiamiento ofreciéndole una compensación que ahora se niegue: “No es que el gobierno no cumpla promesas de campaña. Existe una ley permanente y se está dejando de cumplir a cabalidad”.

Otro aspecto que denuncia es que la medida impactará en los proyectos educativos de los colegios, tales como planes de crecimiento, calidad e infraestructura. Un establecimiento de mil estudiantes, por ejemplo, recibirá $24 millones menos al año, una cifra considerable.

“El efecto es muy negativo, no solo porque altera las proyecciones de los colegios sino porque los obliga a corregir sus planes de actividades para 2018 a la baja, con menores recursos y adecuar sus proyectos a restricciones que no tenían”, señala el directivo de Acción Educar.

El recorte en fondos de ciencia y tecnología

La gratuidad también está impactando en la reducción del presupuesto del Fondecyt, que en 2018 será apenas el 75% del monto de este año.

Así lo denunciaron los premios nacionales en Ciencias Exactas y Naturales, Miguel Kiwi, y María Cecilia Hidalgo, respectivamente, quienes calificaron de “insólita disminución de este fondo, que es la columna vertebral de la ciencia en Chile y que financia a la gran mayoría de los investigadores del país, representa una nefasta señal para el desarrollo futuro de Chile”.

“Necesitamos más ciencia si queremos avanzar hacia una sociedad del conocimiento, como se ha repetido insistentemente y como lo recomendó la OCDE el año 2015. Por lo que este recorte resulta incomprensible y demuestra que aunque el Gobierno manifiesta un decidido apoyo a la ciencia, este queda solo en palabras y no se concreta en hechos”, plantearon los científicos en una carta a El Mercurio.

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