El Líbero: Mineduc admite que la mitad de los colegios subvencionados del país aún no define si serán gratuitos, cerrarán o pasarán a ser particulares

• 16 de Agosto, 2016

A menos de ocho meses de que se venza el plazo legal, 1.827 establecimientos de un total de 3.723, no definen su situación, lo que tiene preocupado al ministerio por el negativo impacto en los alumnos. Sostenedores piden que se extienda la fecha.

Por U. Gómez

En marzo próximo los 3.723 colegios subvencionados del país deberán informar al Ministerio de Educación si se transformarán en fundaciones sin fines de lucro, cerrarán o pasarán a ser particulares privados, según establece la ley impulsada por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que generó amplia polémica y quejas de los afectados durante su tramitación en 2014.

Sin embargo, a menos de ocho meses del plazo legal hay 1.256 colegios que ni siquiera han sido contactados por la cartera y otros 571 que aún no toman una decisión, lo que suma 1.827, equivalente al 49% del total de los establecimientos. En diciembre del próximo año vencerá el plazo para que el cambio se materialice.

Así lo revela un informe de 23 páginas realizado por el ministerio que se titula “Avances y tareas implementación de la ley de inclusión escolar”, tarea que está a cargo del secretario ejecutivo y ex ministro, Andrés Palma.

Mineduc preocupado por cierres de colegios

El documento reconoce, además, que 39 colegios manifestaron su deseo de cerrar, 36 ya decidieron convertirse en particulares pagados, 95 rechazaron la asesoría del Mineduc. También revela que apenas el 5% de los colegios subvencionado se ha transformado en sin fines de lucro, como impone la ley.

Las regiones de la Araucanía y Magallanes registran el mayor porcentaje de transferencias de establecimientos a entidades sin fines de lucro, alcanzando ambas un 18% del total de los colegios de su región. En Santiago, en tanto, el 98% de los colegios no se han transformado y están a la espera de los cambios.

También alerta que un “número importante de sostenedores dice que estudia si continúa en el sistema o si sale para ser particular pagado o cerrar”, y agrega que “las salidas del sistema de establecimientos de educación general y de educación diferencial puede generar problemas de cobertura de matrícula”.

Sostenedores piden extender plazos

Diversas agrupaciones de sostenedores han reaccionado con preocupación y preparan un proyecto de ley alternativo que apuntará a “corregir esta improvisada y defectuosa norma, o directamente a generar el diálogo para elaborar una nueva ley”, señala José Valdivieso, presidente de la Agrupación de Sostenedores CONAPAS.

El directivo agrega que se ha reunido con parlamentarios de la Nueva Mayoría que estarían de acuerdo en postergar los plazos exigidos para convertirse en entidades sin fines de lucro. Hernán Herrera, presidente de Conacep, advierte que los colegios y las familias “actuarán unidos para evitar que se consolide esta mala reforma, que nada tiene que ver con calidad y menos con inclusión”.

En la misma línea, la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados cuestiona dicha reforma porque “no responde al 56% de las familias chilenas que nos ha elegido para educar a sus hijos y se mantienen en la incertidumbre, y olvida que la ciudadanía esperaba una reforma “educacional”, no una reforma administrativo-financiera del sector Particular Subvencionado”.

Acción Educar: “Prolongar la incertidumbre es negativo”

Para el director ejecutivo de la fundación Acción Educar, Raúl Figueroa, esta situación devela el problema de mal manejo de información que tuvo la reforma durante su tramitación, ya que el Mineduc no tuvo claridad respecto del verdadero impacto que tendría en el sistema educativo.

“Estos datos confirman esa preocupación, toda vez que no hay claridad respecto de lo que ocurrirá con un número importante de colegios y en qué medida eso puede afectar a sus respectivas comunidades. Por supuesto que es poco probable que los 1.256 establecimientos educacionales que no han sido contactados cierren, pero considerando la amplitud de la reforma es altamente probable que de una u otra manera se vean impactados. Por lo que prolongar la incertidumbre es negativo”, sostiene el director de Acción Educar.

Figueroa agrega que la ley obliga a los colegios a tomar decisiones ahora que tendrán consecuencias permanentes. “Esas decisiones son complejas, toda vez que implican alterar su forma de financiamiento y la estructura jurídica en virtud de la cual se han organizado sin que exista total claridad de que esos cambios aseguren la viabilidad de los proyectos educativos tal como hoy día su comunidad los conoce. Lo razonable sería contar primero con toda la información y luego empujar los cambios, por lo que en la premura una alternativa sería prorrogar los plazos que están establecidos en la ley”.

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