El Líbero: Mineduc le quita millonario aporte a 28 universidades privadas para reasignarlo a las tres que ingresarían al sistema de gratuidad
La repentina y polémica decisión de la ministra de Educación,Adriana Delpiano, de reducir a la mitad el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para las universidades chilenas -incluidas las 28 privadas que no pertenecen alConsejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH)-, ha sido muy cuestionada por los rectores afectados, dado que esos recursos ya estaban contemplados en el presupuesto de este año.
El AFI son recursos que entrega cada año el Mineduc, desde 1981, a las instituciones de educación superior que matriculen a los 27.500 alumnos con mejor puntaje en la prueba de selección universitaria PSU. Las que pertenecen al CRUCh recibirán fondos de compensación por otra vía pero no 25 de las instituciones privadas.
“Es un escándalo, casi un robo”, denunció Andrés Benítez, rector de laUniversidad Adolfo Ibáñez, que dejará de recibir $600 millones del fisco. Benítez acusó al CRUCH de actuar como un “cartel que tiene la colusión perfecta del mercado universitario”.
Su colega de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, calificó la decisión de “despojo”, porque se les quita arbitrariamente recursos que “nos ganamos legítimamente atrayendo a los mejores alumnos”.
Mineduc le reduce a la mitad aportes fiscales a las universidades
El conflicto surgió luego de que este viernes 11 parlamentarios de la Nueva Mayoría de la comisión mixta de Presupuesto aprobaran la reducción del 50% de los $25 mil millones ($12 mil 748 millones) para redestinarlo a otros fines, como becas para los estudiantes de institutos superiores y centros de formación técnica y recursos para las universidades del CRUCh.
El descuento a las 28 universidades particulares que no pertenecen al Concejo de Rectores asciende a $3 mil 155 millones, pero el Mineduc decidió destinar el 85,5% de esos fondos, equivalente a $2 mil 700 millones, sólo a las universidades Diego Portales, Silva Henríquez y Alberto Hurtado.
Estas tres universidades las eligió el Gobierno porque estima que son las que van a adherir al convenio de gratuidad, que plantea una serie de requisitos, entre otros, fijar los aranceles que financiará el Estado y ser fundaciones o corporaciones de personas jurídicas sin fines de lucro.
Ello significará que por el hecho de acceder a la gratuidad, la UDP, A. Hurtado y Silva Henríquez recibirían 4,6 veces más recursos ($2.700 millones) que los que les retirará el Mineduc por el AFI ($582 millones). En cambio, el resto de las 25 universidades privadas no CRUCh no recibirá compensación alguna y deberán enfrentar con recursos propios la disminución de los aportes fiscales.
Especialistas critican reasignación de arbitraria y discriminatoria
“Esta modificación incrementa las discriminaciones que hasta ahora han existido en el sistema de educación superior al mejorar aún más las condiciones de las universidades del CRUCH y algunas pocas universidades privadas fuera de éste, en perjuicio del resto de las instituciones de educación superior, privándolas de recursos que legítimamente ya tenían considerados en sus presupuestos y han recibido durante 30 años”, sostiene Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Figueroa cuestiona que se cambie en forma “arbitraria y a dedo” un sistema objetivo de distribución de recursos estatales, como el AFI, con un foco concreto en el desarrollo institucional y la calidad, sin debate y en apenas 24 horas en la comisión de presupuesto, cuando debiera hacerse mediante una ley permanente bien argumentada, discutida y con las evaluaciones correspondientes.
La oposición denuncia inconstitucionalidad por discriminación
El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, dijo que si la sala de la Cámara de Diputados aprueba mañana dichas modificaciones presupuestarias, presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
“Estamos en presencia de una designación arbitraria en que el Mineduc elige de manera caprichosa y a dedo, por razones ideológicas, a qué instituciones entregarle recursos, lo que vulnera derechos constitucionales”, señala Bellolio a este medio.
El parlamentario califica de “insólito” que un ministerio ingrese un proyecto de ley con un presupuesto asignado y lo modifique para reducir el beneficio, como hizo la ministra Delpiano a través de la partida nueve, capítulo 01 de dicho proyecto.
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