La brecha más grande la sufrió el Liceo Manuel Barros Borgoño, cuyo puntaje en la Prueba de Selección Universitaria cayó 23,3 puntos en un año. Aquí hubo 19 días de toma y 19 cortacalles. En el Javiera Carrera también la violencia fue proporcional a la caída de sus notas. Con 4 profesores agredidos, 35 días de toma y 8 de cortacalles, su promedio PSU pasó de ser 606 a 591,3; una diferencia de 14,7 puntos. Mientras que el INBA tuvo una caída de 16,2 puntos.
Apenas habían transcurrido dos semanas desde que Humberto Garrido asumió como rector del Liceo de Aplicación, en junio de 2018. Primero encontró unos panfletos en los que le llamaban “facho”, denunció; y el 25 de junio su oficina fue destruida por encapuchados. Tres meses después un video de un nuevo hecho de violencia en esa institución rápidamente se viralizó. En ese, una masa de jóvenes se fue encima de un carabinero que logró inmovilizar a uno de sus compañeros. Varias sillas volaron por los aires e incluso le lanzaron una molotov.
Según cifras que maneja la Municipalidad de Santiago, obtenidas por El Líbero a través de la Ley de Transparencia, el Liceo de Aplicación fue la institución que más incidentes protagonizó este año: con 35 cortacalles y 3 días de toma. Las consecuencias se observan en su rendimiento académico. Entre 2017 y 2018, su puntaje promedio (Lenguaje-Matemática) en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) cayó más de 11 puntos. En el test realizado en 2017 su promedio PSU fue de 559,4. En 2018, los 257 alumnos que lo rindieron promediaron 548,1 en los exámenes obligatorios.
En 2018, la Municipalidad de Santiago registró once liceos bajo su administración en los que se paralizaron las clases debido a hechos violentos. Ocho son liceos emblemáticos de la zona y siete de estos colegios obtuvo un puntaje promedio en la PSU inferior al logrado el año anterior. Al revisar los rankings, de los recintos emblemáticos de Santiago solamente uno figura entre los 100 primeros: el Instituto Nacional; y si se mira solo entre los municipales nada más aparecen entre los 25 primeros el Instituto Nacional (4) y el Liceo Javiera Carrera (17).
“Los liceos públicos de Santiago han tenido una trayectoria de deterioro desde hace varios años. Son menos preferidos por los padres y han ido perdiendo su capacidad de competir con otros establecimientos de alto rendimiento. Mucha de la atención pública sobre estos colegios se relaciona más a las movilizaciones que a la educación propiamente tal, lo que los afecta”, argumenta Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
Entre los liceos emblemáticos de la capital, el que presenta una caída más radical en su promedio PSU es el Liceo Manuel Barros Borgoño. Este centro pasó de tener un promedio de 530,4 en 2017 a 507,1 en 2018. Una diferencia de 23,3 puntos. Los datos de la municipalidad indican que este centro sufrió en 2018, 19 días de toma y 19 días de cortacalles.
Los sucesos en ese centro comenzaron el 6 de junio, y el día 20 de ese mes las Fuerzas Especiales de Carabineros debieron intervenir porque quienes se mantenían atrincherados dentro del colegio comenzaron a lanzar objetos contundentes hacia el exterior. El 14 de septiembre nuevamente la policía actuó porque desconocidos sacaron mesas y sillas del recinto educacional para hacer un cortacalles y además quemaron basureros.
Los daños en esa institución ascienden a $1.813.263 pesos y es el colegio con mayor número de profesores agredidos, con 8.
El rendimiento de este centro ha venido en picada. En 2010 logró un puntaje promedio en la PSU de 567,8; con 4 puntajes nacionales. En 2015 su promedio ya iba por 540. Hasta 2018 cuando ha tenido el puntaje más bajo con 507,1 y ningún puntaje nacional.
En 2014, por ejemplo, los liceos de la comuna de Santiago obtuvieron 23 puntajes nacionales. En 2018, el municipio solamente logró 7 puntajes nacionales: 6 del Instituto Nacional y 1 del Liceo Industrial Eliodoro García Zegers.
“No derribaron el capitalismo, pero sí lo mejor de la educación pública”
El Consejo de Rectores, que administra el Sistema Único de Admisión a las universidades, informó que en 2018 presentaron los test obligatorios (Lenguaje y Matemática) 264.629 personas. De ese número, 53,1% provenía de un colegio particular subvencionado; 34,3% de un liceo municipal y 11,4% de centros privados. En las pruebas obligatorias, los estudiantes de colegios particulares pagados obtuvieron 596 puntos, 126 más que los municipales.
En la comuna de Santiago rindieron la prueba 12.381 estudiantes, obteniendo un promedio PSU de 521,5.
El Instituto Nacional es el único que figura en el ranking de colegios, elaborado por la Universidad Católica, entre los 100 primeros; ocupando la posición 81. Su promedio en la PSU tuvo una caída leve pasando de 647,4 en 2017; a 647,1 en 2018. Sin embargo, en donde fue más evidente el deterioro académico fue en el número de sus estudiantes con puntajes nacionales: pasaron de obtener 15 en 2017 a 6 en 2018. Y si se mira un poco más atrás, en 2010 su promedio PSU era de 690,1 y tuvieron 54 puntajes nacionales.
En esta institución se contabilizaron 7 días de toma y 8 días de cortacalles en 2018, con pérdidas económicas producto de hechos de violencia por $5.137.700. El testimonio de su inspectora, María Teresa Cortés, fue uno de los expuestos en la Comisión de Educación del Senado durante una sesión de análisis del proyecto Aula Segura –que ahora es ley– realizada el 17 de octubre. Allí la docente manifestó que fue rociada con bencina el 1° de septiembre, junto a otros colegas de la institución; pero a ella el combustible le cayó directamente en el rostro.
“Yo me he expuesto sacando bombas molotov debajo del bus ‘Caleuche’ que está dentro del Instituto, pero ¿para qué? ¿Por qué me quiero exponer?, ¿quiero ser héroe? No. Lo que quiero es que mis alumnos y el resto del colegio, sigan en clases. A eso van”, declaró ese día en el Congreso.
Al respecto, Arturo Fontaine y Sergio Urzúa, autores del libro “Educación con Patines” (2018), firman una columna en El Mercurio del 30 de diciembre, en la que escriben: “Este derrumbe no fue fortuito. La Nueva Mayoría optó por seguir las aguas de académicos cuya agenda no prioriza ni el esfuerzo de las familias y de los profesores, ni el mérito de los alumnos. Así, se estigmatizó la selección académica, sosteniendo que ella era la culpable de la segregación”.
Agregan: “Se añadieron también los paros estudiantiles que, según el rector del Instituto Nacional, han significado que muchos alumnos pierdan el equivalente de un año entero de clases. Para desfilar por la Alameda cuatro o cinco veces en un año se suspenden las clases por semanas y semanas. Protestan -con razón- por la mala educación, pero lo hacen dejando de educarse (…). Dirigieron estos largos paros muchos de los líderes del actual Frente Amplio. Sobra decir que en la mayoría de los casos su verdadera motivación no era la educación, sino que derribar el capitalismo. No derribaron el capitalismo, pero sí lo mejor de la educación pública”.
La prueba: el Liceo Javiera Carrera. En 2017 tuvo un puntaje promedio PSU de 606. En 2018 cayó a 591,3 –una diferencia de 14,7 puntos–. Además,en 2017 ocupó el puesto 13 entre los recintos municipales y este año se ubicó en la casilla 17, de acuerdo con los datos sistematizados por la Universidad Católica. Al mirar su historial de violencia del año pasado, resulta que allí hubo:4 profesores agredidos, 35 días de toma y 8 de cortacalles.
“Este tipo de acciones interrumpen el normal desarrollo del quehacer del establecimiento, y desvían recursos humanos y financieros a fines que no son educativos. Esto impacta negativamente en cualquier proyecto educativo, que para ser efectivo debe tener un propósito claro y un compromiso por parte de la comunidad. Estos hechos más bien deterioran la convivencia y dividen a las comunidades, haciendo difícil el aprendizaje”, afirma el director de Acción Educar.
Por su lado, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) fue noticia más por hechos extracurriculares en 2018, que por su desempeño académico. El 30 de octubre encapuchados atacaron con bombas molotov la oficina del rector, Jaime Uribe. Al mismo tiempo que otros, con rostros encapuchados y overoles, quemaron neumáticos y basura en la calle Santo Domingo. Ese día se calcula que lanzaron unas 15 bombas molotov y unas 20 bombas de pintura. En el mismo mes de octubre ocurrió la agresión al cabo 2° Raúl Quintanilla, golpeado y pateado mientras se encontraba en el piso por estudiantes, por haber detenido a un encapuchado. En total el INBA registró 23 días de toma y 27 de cortacalles; con un profesor agredido.
En su promedio PSU eso se manifestó con una caída de 16,2 puntos. Pasando de promediar 565,4 en 2017; a 549,2 en 2018.
El Liceo Darío Salas no es la excepción a esta circunstancia. En ese recinto también hubo enfrentamientos entre el personal de carabineros y encapuchados en varias oportunidades durante el año, sumando 25 días de cortacalles y 2 de tomas. Su promedio PSU cayó 10 puntos. En 2018 fue de 466,5; cuando en 2017 habían obtenido 476,5.
El Liceo Miguel Luis Amunategui es un caso particular: en junio hubo que cerrar sus instalaciones debido a una seguidilla de tomas y a un incendio que destruyó la sala de profesores y el casino. Los daños se calculan en $342.904.211; y aunque el semestre fue cerrado para los estudiantes igualmente rindieron el examen 131 de sus alumnos, alcanzando un puntaje promedio en la PSU de 464,6; el número descendió con respecto al año anterior cuando su promedio fue de 471,1.
Únicamente, dos de los centros en los que hubo hechos violentos el año pasado lograron levantar sus notas: el Liceo Confederación Suiza que pasó de 470,2 a 474,8; y el Liceo Miguel De Cervantes y Saavedra que subió de 457,9 a 464,9.