El Mercurio: Abogado Patricio Zapata alerta de problemas de constitucionalidad en ley de educación superior

• 2 de Octubre, 2017

Documento plantea que la mayor dificultad de la reforma es la autonomía de las universidades, pues lo que se les reconoce a los planteles es limitado. También critica el exceso de atribuciones que tendrá el Ejecutivo.

Por J. Herrera

La reforma a la educación superior es uno de los proyectos emblemáticos que el Gobierno pretende aprobar antes de que se acabe el año legislativo, y este lunes los senadores de la comisión ad hoc retomarán su análisis. La tramitación no ha sido fácil, y ahora se podría complicar aún más, pues de manera paralela el Congreso verá la gratuidad por Ley de Presupuestos.

En la sesión de hoy expondrá el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, quien ha criticado la iniciativa pues, a su juicio, tiene problemas de diseño. Pero en esta ocasión, Figueroa presentará un informe elaborado por el abogado Patricio Zapata sobre los problemas de constitucionalidad que tendría el proyecto.

Zapata adelanta que “no veo problemas en el hecho de que se reconozca a la educación superior como un derecho fundamental”. Tampoco ve “como problemático que se le otorguen herramientas de fiscalización más fuertes al Estado; eso se puede hacer de acuerdo a la Constitución”. Y afirma que “no tengo un problema de principio con la constitucionalidad de la gratuidad”.

Sin embargo, el profesional asegura que ha identificado “varios problemas de constitucionalidad en el proyecto”. El principal sería que “no se respeta suficientemente el muy importante derecho a la autonomía universitaria”.
1. “Concepto muy incompleto, muy débil y muy precario”

Zapata afirma que la reforma trabaja con un concepto de autonomía “errado”, pues se entiende como “aquello que el legislador permite o concede”, además de la “potestad” que tienen los planteles para “determinar y conducir sus fines y proyectos”.

Así, aclara que se trata de un derecho que “consiste en poder escoger formas o medios para perseguir un fin que está dado por la propia naturaleza de la corporación que se trata”. En el caso de las universidades sería fijar su misión, los criterios de admisión o las carreras a impartir, por ejemplo.

Por lo mismo, dice que “el proyecto tiene un concepto de autonomía muy incompleto, muy débil muy precario”, que no tiene relación con lo que establece la constitución política. “Esto no es el Talón de Aquiles, es la pierna completa, que viene con gangrena y hay que hacerle un ajuste importante”,

Sobre esto, Raúl Figueroa señala que “correspondería que los senadores piensen en el proyecto con la lógica de autonomía que la Constitución garantiza, lo que nos lleva a un rediseño completo”.

2. Atribuciones del Gobierno

Otro punto del informe son las atribuciones de la futura subsecretaría de Educación Superior. En el proyecto se define que esta “será el órgano rector del sistema”.

El profesional explica que la Constitución “le reconoce al Estado un rol importante en educación, pero el proyecto, a mi juicio, hace algo distinto: le otorga al Gobierno un rol de dirección directa del sistema, y creo que eso no corresponde a la Constitución Política”.

El encargado de Acción Educar profundiza en esto y dice que la obligación del Estado con el sistema de educación superior “es promover su máximo desarrollo, no intervenirlo ni dirigir lo que ocurre en las instituciones”.

Así, dice que es “importante” que se revisen las atribuciones que tendrá la subsecretaría, como la fijación de aranceles o de vacantes de las instituciones.
3. Condiciones para acceder a la gratuidad

Una de las exigencias más “reprochables” de la iniciativa de educación superior, según Patricio Zapata, es respecto de las condiciones que deben cumplir las instituciones para acceder a la gratuidad.

“Es sensato que se les pida que tengan cierto nivel de acreditación, que no discriminen, y que tengan políticas de inclusión”, dice el abogado. Y añade que hay un requisito “que destaqué como absolutamente peligroso: que las universidades deban sujetarse estrictamente a todos los decretos, leyes, reglamentos que el Gobierno dicte sobre la vida de la sociedad”.

Explica que la implicancia de esto sería que la viabilidad de la institución dependería de un decreto, “y si no te gusta esa obligación, quedas fuera del sistema”.

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