Por: Valentina González.
Ante los cuestionamientos de los rectores, coincide en que no hay un reconocimiento a la diversidad del sistema. Lo atribuye a una discusión legislativa ‘sesgada’.Pese a que está todavía en marcha, la fijación de aranceles regulados ya ha dado mucho de qué hablar. Se ha cuestionado que podría no recoger la diversidad que hay entre instituciones, por ejemplo, y que algunas sufrirían mermas en sus ingresos.
También ha despertado numerosos recuerdos de los días de tramitación de la Ley de Educación Superior, en que quedó establecido este proceso.
Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, mira hacia esos momentos al analizar los cuestionamientos que hoy tienen los rectores. ‘La crítica que se está haciendo hoy resulta extemporánea, porque esto debió haberse dicho con bastante convicción en su oportunidad’, señala la abogada. Ese era el minuto, sostiene, de que ‘hubiesen hecho pesar su voz para no perjudicar al sistema’.
Con todo, añade que lo que se cuestiona hoy ‘es real’, pues lo consignado en la legislación tendería, a su juicio, a una homogeneización del sistema de educación superior, en vez de atender a su diversidad y complejidad. ‘No se hace cargo tampoco de la investigación y otros roles, más allá de la docencia’, agrega.
En esa línea, considera que los elementos que hoy están en el centro de las críticas ‘no dependen de la metodología con que la Subsecretaría de Educación Superior o la comisión de expertos puedan definir o no los aranceles. Es algo que la ley pasó por alto y olvidó: nuestra educación superior es compleja, no es posible en el fondo calcular el precio o fijar precios de grupos de carreras, sin atender a que son efectivamente muy diversas. Existen modelos y estructuras de costos distintas, conforme al proyecto de cada institución’.
La abogada hace énfasis en que estos aspectos fueron alertados en su minuto. ‘En ese sentido, me parece que es necesario atender y tener mayor responsabilidad respecto de lo que se está discutiendo, cuáles son las críticas que se hacen y (a cómo se debió) haberlo anunciado en el minuto que correspondía’, dice.
-Hubo proyecciones y también evidencia técnica. ¿Por qué no pudo ser atendido?
‘Lo que tenemos es el resultado de una discusión que fue sesgada e ideologizada, que no atendió a la evidencia. Creo que eso también es por el empecinamiento de tratar de ajustar nuestro sistema a un modelo deficitario como la gratuidad’.
‘La discusión fue súper acelerada también, no se hizo con la seriedad que correspondía (…). Hubo rectores que dieron a entender este tema, aparecieron Harald Beyer, Carlos Williamson. Dijeron fuertemente los problemas, proyectaron el impacto que esto tendría, especialmente en cuanto le pone un techo al crecimiento de las instituciones’.
-¿Hay una forma justa de fijar precios? Sobre todo si hay poca opción de gastar más para satisfacer a todos.
‘No podemos seguir parchando y adecuando medidas a este instrumento que a todas luces es deficitario, y que finalmente va a convertirse en una especie de hoyo sin fondo en que, para mantenerlo sostenible, hay que seguir inyectando mayor cantidad de recursos. Uno de los problemas de la gratuidad es que dados los costos que implica (.) requiere necesariamente de alguna especie de fijación de precios. Creo que es posible dar mayores espacios de flexibilidad para ajustar los aranceles, pero ese no es el problema de fondo’.
‘Uno debiera recoger esta invitación que hace el rector (Ennio) Vivaldi para reflexionar sobre el sistema, los desafíos que se vienen en el corto y largo plazo, pero esa invitación hay que tomársela en serio. Eso yo creo que es un llamado también a los propios rectores, especialmente del Consorcio de Universidades Estatales y el Consejo de Rectores, de que si efectivamente queremos discutir esto, tenemos que buscar avanzar hacia un sistema que no siga desarticulando más lo que tenemos (…) y tender a avanzar hacia instrumentos que logren complementar la gratuidad dándole mayores elementos de sustentabilidad, de justicia, de inclusión, y que permita una mayor retribución también por parte de los propios estudiantes’.
-¿Cuál puede ser la salida? Si se posterga el proceso, de todas formas quedan las brechas generadas por otros elementos de la ley, como el hecho de que solo al décimo decil se le pueda cobrar el arancel completo.
‘Harald Beyer en su minuto comentó que las instituciones, con este sistema, se iban a convertir en mendigas de recursos y eso es en parte lo que ha ocurrido (…). Lo vemos con el tema de la sobreduración de carreras -en que las instituciones piden que se pague más allá de la duración formal-, con el uso del Fondo Solidario, y ahora con que no sea un subsidio según matrícula, sino que basal. Todo eso implica mayor gasto del Estado que, nuevamente, no va a atender al problema de fondo’.
‘La educación superior ha aumentado el gasto desde 2015, cuando se implementa la gratuidad, hasta ahora, en un 81,9%. Chile ya es de los países que destina mayor cantidad del gasto público a educación superior, estamos en un 5,4% versus el casi 3% promedio de los países de la OCDE. Entonces, claramente estamos en un problema en cómo estamos distribuyendo nuestros recursos en la educación, entendiendo además que hay otras urgencias sociales’.
‘El camino no es seguir profundizando en la gratuidad, lo adecuado sería permitir a los egresados retribuir, al menos en parte, lo que el Estado les aportó (…). Contrario a ello, se ha buscado deslegitimar todo instrumento que permite esta compensación, sin abrirse a discutir por ejemplo la manera de mejorar el sistema de créditos’.
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