“Hay que revisar las indicaciones con detalle. Porque esto es como si se hubiera ingresado un tercer proyecto”. Hernán Herrera, presidente de Conacep -la corporación de colegios particulares subvencionados- describe así su escenario luego de que el Ejecutivo presentara 51 páginas con modificaciones al proyecto que pone fin al lucro, selección y copago.
Raúl Figueroa, director de Acción Educar, añade que “atendida la magnitud de las indicaciones, se requiere un tiempo prudente para analizarlas, discutirlas y votarlas, y el plazo fijado para despachar el proyecto parece poco apropiado y se debiese extender”. Según lo planificado, el martes se comenzará a revisar la reforma para despacharla antes de fin de mes.
No obstante el número de indicaciones, Figueroa añade que las consecuencias que traería el proyecto “se mantienen”, y agrega que, a pesar de los nuevos plazos, la iniciativa legal “introduce modificaciones que no son convenientes para el mejor desarrollo del sistema”. Entre los cambios están las revisiones que tendrán los sostenedores, como entregar estados financieros y someterse al control del Servicio de Impuestos Internos. “Parecen desmedidas. Se trata a los colegios como si fuesen compañías que transan en la bolsa”, dice.
También se mostró crítica Érika Muñoz, presidenta de los apoderados de los colegios subvencionados agrupados en la Confepa: “Es el mismo proyecto y lo único que hicieron fue ponerle soluciones parche para los colegios que tienen menos de 400 alumnos”.