El Mercurio: Acusan “discriminación” y motivos políticos por rechazo a ingreso de planteles no estatales a gratuidad

• 27 de Septiembre, 2022

Expertos señalan que la Subsecretaría de Educación Superior busca limitar la participación de las instituciones privadas, en la línea de fortalecer a las administradas por el Estado.

Escrita por Dierk G.

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A finales de agosto, la rectora de la U. de las Américas, Pilar Romaguera, afirmó que el Ministerio de Educación rechazó la incorporación del plantel a la política de gratuidad, que desde 2016 financia estudios superiores y que a la fecha abarca a más de 470 mil jóvenes pertenecientes a los seis deciles de menores ingresos.

A ese alegato se sumó la semana pasada su par de la U. Central, Santiago González, quien criticó que la cartera también denegó la entrada de la institución, pese a que el académico señaló que cumple con los requisitos que establece la ley.

El rector cuestionó que “lo que más nos llama la atención es que todos estamos trabajando para que la gratuidad avance a todos los estudiantes de escasos recursos en Chile; entonces, nos sorprende mucho que la Subsecretaría niegue la gratuidad a una universidad como la Central, que es justamente donde se necesita que exista gratuidad”.

Trasfondo del debate

Para el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, “es un problema político que la Subsecretaría busque concretar lo que estaba detrás del proyecto constitucional, que es que las instituciones gratuitas sean las estatales. Uno no puede evitar ver un patrón y proyecto político detrás, que es el proyecto político que estaba en el borrador (de nueva Constitución) que fue rechazado, y que esta Subsecretaría parece querer implementarlo de todas maneras“.

Añade que “cuando uno ve los antecedentes que han puesto sobre la mesa la U. Central y la U. de las Américas respecto de por qué fue rechazado su ingreso a la gratuidad, uno ve claramente un patrón en el cual se busca perjudicar, hacer una diferencia o limitar el acceso de instituciones privadas a ese financiamiento”.

Según el académico José Joaquín Brunner, de la U. Diego Portales, “las decisiones de los ministerios son siempre políticas, aunque tengan un marco técnico que deben respetar y un marco legal que obliga que sean justas y conforme a derecho”.

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