El Mercurio: Alta dependencia de ingresos por aranceles abre debate sobre gratuidad en universidades
Por J. Herrera y F. Polanco.
“Hoy, una gran cantidad de universidades son muy sensibles al pago de sus alumnos”, asegura Ricardo Paredes, economista de la UC, quien en 2012 presidió la última comisión para el financiamiento de la educación superior.
De hecho, según los últimos estados financieros de las universidades, el 59% de los ingresos que tuvieron estas instituciones el año pasado -es decir, cerca de US$ 2.875 millones- correspondió a los aranceles que pagaron los estudiantes, y en el caso de las instituciones privadas, las mensualidades representaron, en promedio, el 82% de todos sus ingresos.
Esta alta dependencia que tienen los planteles de las mensualidades para poder funcionar “no es rara”, según Raúl Figueroa, director de Acción Educar, y añade que también ocurre en países como Estados Unidos, Inglaterra o Australia.
Aunque sí abre el debate de cómo debiera ser el proyecto de gratuidad universal que se presentaría en los próximos meses, según el Gobierno. De acuerdo con los primeros cálculos de expertos, el costo de esta reforma fluctuaría entre los US$ 3.800 millones y los US$ 6.000 millones, dependiendo de la gradualidad y de los años que se cubran.
Ante estos escenarios, Raúl Figueroa sostiene que “el financiamiento tiene que seguir siendo a través del estudiante”. Y explica: “Lo coherente y lo razonable es que el Estado haga aportes a través de becas y créditos subsidiados a los alumnos”, tal como ha ocurrido a la fecha. Esto, en vez de entregar aportes directos a las instituciones, que es otra de las opciones.
Eso sí, según Figueroa, se tiene que cuidar que “ningún alumno quede fuera del sistema de becas y créditos” y por lo mismo se tiene que trabajar para que no existan diferencias entre los beneficios que se entregan a los que asisten a planteles tradicionales y a los privados.
Paredes cuenta que en la UC se elaboró una propuesta que crea un sistema flexible de financiamiento, similar al que establece un arancel de referencia, donde la mensualidad base se financie por el Estado, pero “se permita cobrar un excedente con tope, si el proyecto educativo así lo requiere”.
Según Paredes, es importante que esta flexibilidad sea regulada, pero que se permita. “O lo que va a ocurrir es que las universidades se van a ajustar o cerrando carreras, cupos o la calidad por alumno”, sostiene el economista.
Además, señala que uno de los problemas que hay con la fijación de los aranceles es que “nadie tiene la capacidad de determinar los costos por alumno de forma fehaciente (…). Que le achunten al costo promedio por alumno va a dejar desfinanciado prácticamente a la mitad de las universidades”.
Instituciones
“¿Qué pasaría si avanzamos hacia la gratuidad y esta se basa en el arancel de referencia?”, se pregunta el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez. Un escenario posible es que recibirían cerca del 70% de lo que hoy captan -ese porcentaje cubren en la UC las becas estatales- lo cual se traduciría en “una disminución extremadamente significativa e imposible de solventar”, asegura el directivo.
Por lo mismo, dice que si el arancel de referencia se calcula considerando “la calidad de la docencia, que tiene que ver con el número y calidad de los profesores, la formación, la infraestructura de la biblioteca”, entre otras cosas, la situación podría mejorar. También cuenta que ha habido conversaciones para que en el cálculo de las mensualidades base se incluya la acreditación, pues mayores años de certificación implicarían que se está entregando una “educación que es de mayor calidad”.
En tanto, Patricio Soto, vicerrector de Asuntos Económicos de la U. Mayor, indica que antes de entrar a la discusión de cómo abordar la gratuidad, el Estado tiene que “identificar cuál es el verdadero costo de la educación, lo cual está pendiente”. Además, sostiene que la actual dependencia que existe de los aranceles que pagan los alumnos, sobre todo en las universidades privadas, se debe a los aportes basales que reciben las instituciones creadas antes de 1981. “No debiera existir un criterio de ‘el que llegó primero'”, dice.
“Lo coherente y lo razonable es que el Estado haga aportes a través de becas y créditos subsidiados a los alumnos”.
RAÚL FIGUEROA, Director ejecutivo de Acción Educar
“Hoy, una gran cantidad de universidades son muy sensibles al pago de sus alumnos”.
RICARDO PAREDES, Investigador del Ceppe UC
