El Mercurio: Alumnos con gratuidad en educación superior bordean el 40%, pero persisten trabas para que más planteles se sumen a política

• 29 de Mayo, 2023

Estudio concluye que política pública no es financieramente conveniente para los privados, por lo que se estancaría en extensión en los próximos años.

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La gratuidad universitaria comenzó a ser implementada en 2016, en un período marcado por una fuerte discusión sobre sus alcances. Y aunque perdió protagonismo durante la pandemia, esta política pública continúa su avance y hoy abarca a casi cuatro de cada diez alumnos de la educación superior.

Un análisis del centro de estudios Acción Educar muestra su variación con los años y revela que el crecimiento se ha ralentizado en medio de una baja adscripción de ciertos tipos de planteles, principalmente los institutos profesionales y las universidades privadas no pertenecientes al Consejo de Rectores y Rectoras (CRUCh).

El estudio concluye que lo anterior se debería a problemas financieros, regulaciones o restricciones no relacionadas con el financiamiento, entre otros factores.

Manuel Villaseca, director de Estudios de Acción Educar, destaca la importancia de que el 38,2% de los estudiantes de la enseñanza superior sea abarcado por esta medida, pero plantea que “no es una cobertura heterogénea, algo que se mantenga en los distintos grupos de instituciones, sino que las universidades con mayor inscripción siempre van a ser las estatales. Porque el tema es que eso no ocurre en el sector privado”.

En detalle, la gratuidad alcanza solo al 19,8% de las universidades privadas. Según plantea, esto se explica por los factores de la baja inscripción de instituciones y que “es una política que está mal diseñada”.

Villaseca puntualiza que la gratuidad limita el crecimiento de la transferencia de fondos, lo que puede generar preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo. Postula además, que esa incertidumbre podría haber llevado a algunos instituciones a decidir no adscribirse a la medida, considerando la posibilidad de un escenario futuro de desfinanciamiento.

“En el caso de las universidades privadas que se podrían adscribir, esa inscripción finalmente no progresa, porque no es conveniente financieramente para la universidad. Eso no es un tema de lucro, o de que sea beneficioso para los dueños de la universidad, sino que no es conveniente financieramente en el sentido en el sentido de que el financiamiento por gratuidad no permite el desarrollo institucional, no orienta a las universidades, IP o CFT a alcanzar mayor calidad, sino que más bien ese incentivo es un poco magro”.

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