Un criterio que se fijó para la gratuidad 2016, a la espera de la reforma a la educación superior, es que se financiará la duración formal de las carreras, y no lo que en realidad tarda un joven en obtener su título.
Así, según cálculos de Acción Educar, un estudiante que accederá al beneficio el próximo año podría pagar entre $4,2 millones y cerca de $ 5 millones, si es que por distintos motivos se extiende en el tiempo para sacar su carrera.
Esto, considerando que el arancel real promedio de las universidades del Consejo de Rectores es de $2,8 millones, y que los jóvenes suelen tardar entre tres y cuatro semestres más en obtener el título.
Para Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, es “razonable que haya un control” del financiamiento estatal. Sin embargo, indica que una política de este tipo “tiene que presentar alternativas para solucionar el problema ahora”, pues se le está traspasando una incertidumbre al alumno.
María Paz Arzola, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, coincide en que se debe poner cierto límite al financiamiento, “porque si no podría haber un alargamiento de los planes”.
Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la Universidad Diego Portales, añade que es “irreal” el plazo, pues entre el 70% y 80% de los alumnos se titulan a tiempo, y el resto se demora por distintos factores, como la reprobación de ramos o bien a un trabajo remunerado que tienen. “Entonces, hay una combinación que hace pensar que no es recomendable esta idea de financiar sola la duración formal de las carreras”, dice.
También expresa que las instituciones deberían plantearse la idea de si es necesaria una tesis para tener el título, o si cumpliendo con la carga de cursos aprobados es suficiente para la titulación. Esto, porque “a los egresados, los exámenes finales como la tesis, terminan generando muchos atrasos”.
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