El Mercurio: Ampliación del CAE reaviva debate sobre el proyecto que aborda el cobro de aranceles

Por: Valentina González y Maritza Tapia.

Planteamiento del Gobierno ha sido valorado como una buena solución por algunos rectores. Otros lo consideran insuficiente.Hay consenso en que el problema existe. La pandemia golpeó el bolsillo de muchos y, con ello, sus posibilidades de pagar por la educación superior. Sin embargo, el cómo solucionarlo genera un intenso debate.

A través de una moción parlamentaria aprobada por la Cámara de Diputados y que aún debe ser votada por el Senado, la oposición planteó primero dejar de cobrar aranceles. Luego matizó su propuesta a ‘flexibilizar’ los pagos y, además, abrir un nuevo período de postulación a beneficios estudiantiles, incluso a la gratuidad. El texto ha sido cuestionado como inconstitucional.

El Ejecutivo, en tanto, al anunciar el domingo un plan para la clase media, planteó reabrir las postulaciones al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Con esa respuesta, ¿está zanjado el tema?

Un alivio

El rector Julio Castro (U. Andrés Bello) respalda la respuesta del Ejecutivo, pues, ‘va a permitir favorecer a aquellos que antes no postularon a ningún beneficio’. Su par de la U. del Desarrollo, Federico Valdés (UDD), cree que es un ‘excelente complemento’ a los esfuerzos que ya hacen los planteles. Con esa opción, dice, el proyecto de ley se hace ‘totalmente innecesario’. ‘Es claramente inconstitucional y, de ser aprobado, debería ser vetado tal como el (proyecto) de los servicios básicos’, añade.

Para el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, el crédito aliviará a las familias, por lo que ‘no tiene sentido que los legisladores sigan perdiendo tiempo’.

El rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, confía en el rechazo de la moción y cree que el anuncio del Gobierno es ‘un avance importante’. Podría complementarse, propone, con una mayor ‘cobertura de becas, la creación de créditos blandos y la flexibilización del uso del Fondo Solidario de Crédito Universitario para que las universidades puedan utilizar esos recursos’.

En la UC, el rector Ignacio Sánchez plantea un matiz. Si bien ve la medida del Ejecutivo como una buena noticia, señala que habría sido ideal contar con un crédito distinto que, por ejemplo, dejara fuera a la banca. ‘Ojalá hubiese sido de otra forma, pero se entiende que ante la coyuntura tengamos que optar por este mecanismo’, asegura.

En esa línea, su par de la U. San Sebastián, Carlos Williamson, enfatiza: ‘Llega un punto en que tenemos límites para seguir financiando con recursos públicos (.). En este caso, hay una solución razonable. Cualquier otra sería regresiva’. Eso sí, acota que hay un grupo que aún enfrenta dificultades: los jóvenes que ya tienen CAE o becas, pero pagan un copago, que hoy puede ser complejo de cubrir.

Cuestionamientos

Según el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, el camino elegido por el Ejecutivo es ‘un retroceso respecto de los avances logrados por la reforma a la educación superior, que consagró efectivamente el derecho a la educación’. Además, reitera que el Consorcio de Universidades de Estado, que preside, propuso aumentar ayudas estudiantiles como las becas y gratuidad.

Según Álvaro Rojas (U. de Talca), la medida ‘abre el espacio a muchas personas que siendo meritorias para la gratuidad hoy día tienen que endeudarse’. En la misma línea, Darcy Fuenzalida (U. Técnica Federico Santa María) cree que no es ‘una opción que resuelva el fondo del problema’.

El diputado Juan Santana (PS), uno de los autores de la moción, afirma que ‘es muy distinto que el Estado apoye a los estudiantes que han sido afectados con la crisis con gratuidad, como lo propone el proyecto’. Optar por el CAE, a su juicio, ‘es cargarles nuevamente la responsabilidad de asumir las consecuencias y los costos a las familias’.

Ante el debate, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dice que la medida anunciada busca dar a los jóvenes ‘una herramienta concreta para que puedan continuar sus estudios el segundo semestre (.). Una solución a un problema que estaba identificado en el proyecto de ley, pero que resulta muy efectiva’.

Análisis del Gobierno: ‘Agobio’ no se da para gran parte de deudores del Crédito con Aval del Estado

Apenas el Gobierno anunció las nuevas postulaciones al CAE, surgieron críticas que apuntaban al ‘agobio’ que generaría este crédito. Un análisis de la Subsecretaría de Educación Superior, con datos de la Comisión Ingresa y el Registro Social de Hogares, muestra otra cosa.

El cruce consolidó una base de datos con información de 362.264 deudores. La cuota promedio es de $37.602 y casi la mitad de ellos dedica menos del 5% de sus ingresos a este pago. Cerca del 70%, en tanto, debe pagar montos bajo el 10% de su sueldo.

También se analizó la movilidad social de quienes han accedido al crédito: un 65,5% de los deudores está en un quintil de ingresos superior, en contraste al momento en que solicitó el financiamiento.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, destaca que ‘los datos muestran que un alto porcentaje de profesionales que estudian con el CAE están en quintiles superiores a los que tenían cuando postularon (al beneficio). Por lo tanto, se cumple el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior, contar con ayudas estatales que son fiscalmente responsables y otorgar movilidad social a quienes se ven beneficiados con el crédito’.

Respecto del grupo de gente que destina un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar la cuota, reitera que existe la posibilidad de fijar un tope de 10% de los ingresos. En ese sentido, llama a informarse sobre la opción y, en el caso de quienes no la hayan podido solicitar por estar morosos, optar por la reprogramación de los pagos, que abre la posibilidad de que quienes se han atrasado también puedan tener estas facilidades.

Magdalena Vergara, directora de Acción Educar, destaca que el CAE tiene ‘beneficios que son distintos, mejores a un crédito cualquiera’. Se permite suspender el pago en períodos de cesantía, por ejemplo, flexibilidad que en el marco de la pandemia se ha extendido a quienes han visto suspendido su trabajo mediante la Ley de Protección del Empleo. Estas condiciones, dice, lo convierten en ‘viable financieramente para los estudiantes’.

En ese contexto, añade que suspender el pago de las cuotas debido a la crisis, como se ha propuesto en otra moción parlamentaria, no es una solución de fondo. ‘Lo mejor sería acelerar la reprogramación de los créditos (morosos), para que todos se pongan al día y puedan acceder a los beneficios’, propone Vergara.

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