El Mercurio: Ampliar educación gratuita del 70% más vulnerable a todos los alumnos cuesta US$ 1.200 millones adicionales
A través de becas y créditos, hoy el Estado beneficia a 642 mil alumnos de la educación superior. Una cifra que implica un gasto sobre los US$ 1.355 millones al año y que debería crecer a casi US$ 4 mil millones -según los cálculos en que han coincidido diversos especialistas- si quiere cumplir la promesa de dar gratuidad a todos los jóvenes de instituciones acreditadas.
Un compromiso que hoy se ve complicado por el escenario de desaceleración económica que llevó al Gobierno a relativizar los plazos de la medida.
Según un análisis de la Fundación Acción Educar a partir de los datos del Ministerio de Educación, para llegar al compromiso de gratuidad al 70% más vulnerable -una de las metas del Ejecutivo- se requieren US$ 1.408 millones adicionales a lo que ya se destina en ayudas estudiantiles. El mayor gasto vendrá cuando se busque financiar al 100% del alumnado: para hacer eso se requieren unos US$ 2.628 millones adicionales anuales a lo que se entrega actualmente.
Es decir, para pasar del 70% de los estudiantes más vulnerables al 100% del sistema (solo en instituciones acreditadas) hay que invertir US$ 1.200 millones extras al año, casi el doble de lo que implica el 70%.
¿Por qué es tanta la diferencia entre un grupo y el total de la población? “En la medida en que se avanza a los quintiles más ricos, el costo aumenta mucho, porque la cobertura en educación superior es más alta en los grupos más ricos”, explica Raúl Figueroa, director de Acción Educar.
De hecho, según los datos de la última Casen, 405 mil estudiantes están sobre el 70% más vulnerable. De ellos, 117 mil pertenecen al grupo más rico del país y están matriculados principalmente en universidades.
Esto último explica el segundo factor que lleva a que dar gratuidad a esos jóvenes sea tan costoso. “Son alumnos que optan por carreras más caras, más largas, y que hoy día no están cubiertos por becas o créditos, por lo tanto sube el gasto que debe hacer el Estado en relación a jóvenes que ya tienen ayuda”, añade Figueroa.
En medio del debate sobre la capacidad del Gobierno de cumplir este compromiso, algunos expertos y rectores han planteado que el esfuerzo debe focalizarse en quienes más lo necesitan. Figueroa propone que se entreguen becas al 70% más pobre, y a los grupos de más ingresos se les permita tomar un crédito estatal, con bajo interés y un pago contingente al sueldo que luego tengan.
Sin embargo, quienes plantean que la educación es un derecho dicen que por eso no hay que hacer distinciones.
