El Mercurio: Anuncian acusación constitucional contra el ministro de Educación y oficialismo asegura que “no hay piso”

Cuestionan, entre otros, que Raúl Figueroa ha buscado el regreso a las clases presenciales en medio de la pandemia. Expertos en educación y salud aseguran que acción no procede.

Por Manuel Hernández, Jorge Soto y Dierk Gotschlich

Dos propuestas, pero con un mismo fin. Ayer, diputados de oposición anunciaron que buscarán acusar constitucionalmente al ministro de Educación, Raúl Figueroa, por su manejo del sector durante la pandemia.

Por un lado, el congresista Juan Santana (PS) afirmó que su partido impulsa la acción, con el apoyo del PPD, pues el ‘llamado constante del ministro Raúl Figueroa al retorno de actividades presenciales en las diferentes comunidades escolares’ implica ‘exponer su salud y seguridad, generando un retorno que, a todas luces, no es seguro’.

El Mineduc ha buscado que se concrete el regreso a clases presenciales en los últimos meses, pero la apertura no es obligatoria para los establecimientos.

En tanto, los también diputados Camila Rojas (Comunes), Camila Vallejo (PC) y Gonzalo Winter (Convergencia Social) también anunciaron una acusación, según plantearon, por la falta de financiamiento en escuelas y las condiciones de agobio laboral de docentes y asistentes de la educación, entre otros factores.

‘Ya tenemos redactado un texto (para la acusación). Esto se concretará durante la próxima semana’, anunció Rojas, quien añadió que ‘existe un abandono evidente por parte del Gobierno y del ministro de Educación’. A juicio de la congresista, se detectaron infracciones al derecho a la educación, como, por ejemplo, ‘la falta de nueva regulación que hizo que muchos establecimientos recibieran en 2020 menos recursos que en un año normal’.

Para dar curso a la acusación, primero se deberán fusionar las dos iniciativas, y conseguir al menos 10 firmas. De lograrse, esta sería la cuarta vez que se acusa constitucionalmente a un ministro de Educación desde 2008, cuando Yasna Provoste (DC) tuvo que salir del Mineduc; luego, en 2013 Harald Beyer, y en 2019 se rechazó un libelo contra Marcela Cubillos (UDI).

“Polarización”

El oficialismo calificó la acusación de ‘impresentable’. Los diputados de la UDI de la comisión de Educación -Sergio Bobadilla, Juan Manuel Fuenzalida y Gustavo Sanhueza- dijeron que la oposición ‘desprecia la libertad como bien jurídico’. Mientras que el subjefe de la bancada RN, Arturo Longton, añadió: ‘Es una historia repetida para tratar de ejercer presión a un ministro de Estado para que no ejerza sus atribuciones’.

Asimismo, el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, aseveró que ‘cuando el país está pidiendo acuerdos, salir adelante (…), lo que vemos es nuevamente el show de los políticos generando polarización, extremismo’. En su opinión, ‘no hay piso, creo yo, para esta acusación constitucional’.

‘El Mercurio’ consultó sobre el tema al ministro Figueroa, quien no se pronunció.

Los alumnos

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, recalcó que en mayo el gremio había solicitado la acusación: ‘Los motivos son muchos, fundamentalmente porque (el ministro) no ha sido capaz de asumir una preocupación central, real, efectiva, en beneficio de los estudiantes en esta pandemia’. Y ejemplificó con que el Mineduc ‘no ha entregado los elementos mínimos para que miles de estudiantes puedan acceder a las clases telemáticas’.

Para la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, ‘es lamentable la postura de los parlamentarios, totalmente ajena a la diversa realidad de nuestro país, a la evidencia respecto de la importancia del regreso a clases y el daño que ha generado el cierre de escuelas en los estudiantes’. De hecho, según una última medición de Educación, el año de clases en línea significó que ningún curso de enseñanza media alcanzara el 60% de los aprendizajes esperados.

‘Es insólito que este pequeño grupo de diputados (…) pierda tiempo y recursos en lanzar acusaciones que no hacen más que poner trabas en el tan necesario proceso de apertura’, criticó la cofundadora de la organización Escuelas Abiertas, María Teresa Romero.

El director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, afirmó: ‘No entiendo cuál es la lógica por la cual se acusa, por razones sanitarias, al ministro de Educación (…). Él no puede tomar decisiones del ingreso de los estudiantes, si es que previamente Salud no ha tomado la decisión’.

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