Dos expertos analizan cómo estas casas de estudio han colaborado con el crecimiento y también con la diversificación de la educación terciaria en el país, profundizando, además, en sus tareas pendientes y su rol a futuro.
El surgimiento de las universidades privadas en la década de los 80 produjo un cambio sustancial en la educación terciaria chilena. En esa época, cerca de 120 mil jóvenes, entre 18 y 24 años, tenían acceso a este nivel de formación y, después de cuatro décadas, esa cifra ya superó el millón.
En la actualidad, son 56 las universidades que forman parte del sistema de educación superior; de estas, 18 son estatales, 9, públicas no estatales y las demás son privadas.
Las diferencias que se hacían notar en un comienzo empezaron a diluirse y, hoy, se reconocen los importantes aportes que han hecho las privadas al sistema.
Para la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, estas casas de estudio han cumplido un rol clave en el crecimiento y desarrollo de la educación superior, dando la posibilidad de alcanzar una mayor cobertura.
“También le han dado mayor diversidad al sistema, con proyectos educativos distintos, nuevas carreras y proyectos e investigaciones que son relevantes para nuestro país. Por otro lado, estas instituciones también han sido muy importantes en las distintas regiones donde tienen presencia”, indica.
José Joaquín Brunner, exministro de Educación y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), destaca que, además de haber expandido el acceso, a estas instituciones se les reconoce por otorgar más equidad en la distribución de oportunidades; permitir una mayor variedad cultural de instituciones acreditadas; aportar al ensanchamiento del personal académico; generar más competencia y colaboración, y generar una fuerte inversión en infraestructura académica.
Los retos
En cuatro décadas el sistema privado ha madurado, pero todavía tiene tareas pendientes, las que, en muchos casos, son comunes al resto de los planteles que conforman el sistema de educación superior chileno.
Brunner considera que tres son los retos más importantes en estos momentos: instalar mecanismos internos de autoevaluación y mejoramiento continuo de la calidad; consolidar plataformas de investigación crecientemente complejas, e innovar en el campo de la docencia de pregrado en términos curriculares y de métodos pedagógicos y tecnológicos.
¿Y en el contexto actual? El exministro ve dos aspectos fundamentales. Por un lado, el retorno seguro y progresivo a clases presenciales, a la vez, que poner en marcha la innovación docente. Y, por otro lado, fortalecer la autonomía de estos planteles, su autogobierno y, sobre todo, asegurar un financiamiento sustentable para sus proyectos institucionales, “en un contexto que estará marcado por la conflictividad política y la austeridad económica”.
La directora ejecutiva de Acción Educar, por su parte, señala que la pandemia ha dejado en evidencia el importante aporte que realizan las universidades privadas y su compromiso con la sociedad.
“Han colaborado, tanto en la disposición de laboratorios para la detección del covid-19 y también con investigaciones, análisis de datos, desarrollo tecnológico, etc. Pero este contexto también les impone grandes desafíos, más allá de entregar una formación de calidad de manera virtual. Será necesario que analicen los efectos en cuanto a la matrícula, ya que, en el proceso de admisión pasado, con el boicot de la PSU, se matricularon cerca de 43 mil estudiantes menos, lo que afectó de manera importante al mundo privado y podría acentuarse por la pandemia. Junto con esto también pueden venir desafíos en cuanto a las competencias que se esperan desde el mundo laboral y ante lo cual las institución superior deben saber responder”, advierte.
Rol preponderante a futuro
Los entrevistados coinciden en que las universidades privadas tienen un papel clave a futuro. Dicen que han mostrado flexibilidad y capacidad de mejora que les permitirá liderar procesos de cambio, desde el sistema de financiamiento, calidad, vinculación con el medio hasta los de internacionalización, entre otros temas. Aquí, lo primordial, indica Magdalena Vergara, será que haya un cambio en la manera de llevar adelante las políticas en educación superior, pues “no es posible seguir haciendo diferenciaciones en función de la fecha de creación en vez de los resultados y aportes que efectivamente realizan las instituciones”.
Brunner, en tanto, opina que al sector privado le corresponderá ser motor de innovaciones en el plano de la enseñanza, impulsando una mejor formación para el siglo 21, con mejores perspectivas formativas para las personas y más adecuadas capacidades de empleabilidad, estando abiertas a los desafíos tecnológicos y humanistas de la época que viene. “Asimismo, en el plano de la investigación, tendrán que aportar nuevas formas de producir y transferir conocimiento en función de las necesidades de la sociedad, su economía, política y cultura. Además, deben hacer un aporte sustantivo a la deliberación pública democrática, contribuyendo con conocimiento técnicamente relevante para las decisiones políticas y el desarrollo nacional”, concluye.
Participación en la nueva Constitución
Pensando en el proceso constituyente y múltiples procesos electorales que se avecinan, el exministro de Estado y académico de la UDP, José Joaquín Brunner, señala que las instituciones privadas de educación superior deberán contribuir a la reflexión pública, con independencia de criterio, a través del trabajo intelectual de sus académicos y mediante el cumplimiento riguroso de sus funciones propias de investigación, enseñanza y vinculación con el medio.
“Deben evitar dejarse llevar por los ruidos de la calle y volverse un mero eco de las pasiones que recorrerán a la polis. Deberán ser lugares abiertos a todos los pensamientos y contribuir al debate de ideas, de propuestas y de acuerdos que el país necesita”, destaca el experto.