Se definió que será el Presidente el encargado de enviar proyectos de ley para implementar los artículos, algo que fue cuestionado por algunos grupos.
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Ayer se realizó la última sesión de la comisión de Derechos Fundamentales. En la instancia, se votaron las propuestas de normas transitorias para la comisión homónima, que luego hará una propuesta final al pleno.
En materia de educación, que considera los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20, se aprobó la norma transitoria número 58, ingresada por la convencional Tatiana Urrutia (Frente Amplio), con 21 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. Esta fijó un plazo de dos años para la creación del Sistema Nacional de Educación, la regulación del financiamiento a la educación superior y la adecuación del estatuto docente, según definió previamente Derechos Fundamentales.
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, cuestiona que se defina la forma de legislar en los próximos años cada uno de los artículos que aún no son votados por el pleno, más que solo su temporalidad. Dice que “llama la atención que se esté regulando la transición de la implementación de estas normas cuando todavía no son aprobadas por el pleno, porque primero tenemos que saber cuál va a ser la fisonomía del sistema en la votación de mañana”.
En cuanto al contenido, considera “preocupante que la Convención intente regular más allá de su ámbito, ya que las normas transitorias deben buscar un traspaso de la institucionalidad antigua a la nueva, pero eso no implica ponerse a gobernar por encima de las autoridades que corresponden en el minuto”.
Apunta que “parece innecesario que un órgano que tiene por objetivo redactar la nueva Constitución esté tratando de legislar en el futuro” y que “está fuera de su ámbito de acción tratar de regular cómo se van a llevar a cabo las políticas que deriven de una nueva Constitución”.
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