Podrán optar los jóvenes que estén en casas de estudio con cuatro o más años de acreditación. Las universidades celebran el fin de una “discriminación”.
A partir de 2019, los alumnos de primer año que se matriculen en universidades privadas con cuatro o más años de acreditación podrán optar a un beneficio estatal que hoy tiene límite para ellos.
Con la reciente aprobación del presupuesto de Educación, quedó estipulado que la Beca Bicentenario -que es para estudiantes del Consejo de Rectores (CRUCh)- se ampliará a las demás instituciones.
Esto, en la práctica, significa que los jóvenes que cumplan con los requisitos -como ser hasta del 7° decil y tener más de 500 puntos PSU- podrán optar a una beca que cubre el arancel de referencia -que incluso puede bordear los $3 millones. Esto, en vez de la actual beca Juan Gómez Millas, que sí está disponible para todos los alumnos, pero que otorga un máximo de un millón 150 mil pesos.
“Se acordó empezar a corregir una discriminación histórica que existía con los estudiantes que asistían a instituciones de educación superior no pertenecientes al CRUCh”, dice Juan Eduardo Vargas, jefe de Educación Superior.
Previamente, la beca CRUCh o Bicentenario estaba disponible solo para 3.500 jóvenes de universidades privadas. Esa primera apertura se logró tras un acuerdo parlamentario, al constatar que había un grupo importante de estudiantes que se quedaría sin gratuidad debido a la constitución jurídica de su plantel.
Ahora, con el acuerdo en el marco de la Ley de Presupuestos, el encargado del Mineduc estima que en 2019 los beneficiarios de planteles privados podrían llegar a cerca de 8 mil.
La confirmación de este hito es catalogada como un acto de “justicia” por parte de las autoridades de las instituciones privadas.
Así lo manifiesta el rector de la U. Andrés Bello, José Rodríguez. “Pone a los estudiantes de las universidades privadas en iguales condiciones con los del Consejo de Rectores, terminando así con la odiosa diferencia”.
En tanto, el rector de la U. San Sebastián, Carlos Williamson, asegura que es “de toda lógica” esta apertura de la beca.
“Aquí había una discriminación que no tenía justificación. Todas estas discriminaciones que ha habido en el tiempo tienen que ir eliminándose porque es poco justo que estudiantes que tengan la misma condición socioeconómica, con el mismo mérito académico y que pertenecen a universidades que están acreditadas, queden al margen de estos beneficios por parte del Estado”, afirma Williamson.
Agrega que “siempre hay que poner pisos de calidad”, para que los planteles puedan acceder a ciertas políticas, y en ese sentido, “hoy está definido por los años de acreditación”.
Desde Acción Educar, su director, Daniel Rodríguez, afirma que “se disminuye en algo la discriminación que hace el fisco entre los estudiantes”.
A su juicio, es “muy positivo que esta administración les esté dando acceso a los estudiantes de universidades acreditadas por cuatro años, y que están en condiciones muy similares e incluso superiores que algunas del CRUCh”.
Ver noticia en El Mercurio.