Parlamentarios y estudiantes critican la cantidad de fondos asignados: $706 mil millones, una cifra similar a los $748 mil millones de la política que garantiza el acceso sin costo a universidades y planteles técnicos.
En medio del debate por la reforma a la educación superior, distintos sectores han pedido que se busque la forma de reducir o eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), instrumento que cumplió una década, pero que es acusado de endeudar demasiado a los estudiantes.
Sin embargo, la Ley de Presupuestos de 2017 aumenta en 18% los recursos del crédito, alcanzando $706 mil millones, monto similar a los $748 mil millones destinados a la gratuidad, la que incorpora a 240 mil jóvenes. De esta manera, el CAE utilizará más de un tercio de los recursos de la educación superior, una situación inédita en la historia de este sistema.
El dinero destinado a esa política generó inmediatas reacciones entre parlamentarios y estudiantes. “El CAE no puede ocupar un tercio del presupuesto de educación superior, porque esas platas van, fundamentalmente, a las instituciones privadas… Me parece de la peor calaña”, criticó la diputada Cristina Girardi (PPD).
La vocera de la Confech, Camila Rojas, afirmó que este presupuesto “da cuenta de las prioridades del Gobierno y de Hacienda. Seguimos entregando vastos recursos fiscales a los bancos y a los dueños de las instituciones, cuando esa plata debería ir a la educación pública”.
En estos 10 años, el crédito ha financiado a 719 mil estudiantes, de los cuales 261 mil egresaron y están en condiciones de pagar, pero casi la mitad de ellos ya está en estado de morosidad. Los parlamentarios piden, al menos, mejorar el sistema.
En la comisión de Educación de la Cámara, Romilio Gutiérrez (UDI) aseguró que el crédito “debe mantenerse junto a la gratuidad, pero con perfeccionamientos, dando una tasa cero de interés, mejorando el sistema de contingencia al ingreso y flexibilizando su acceso, para que llegue hasta el noveno decil”, además de dar incentivos al pago y “sacar al sistema bancario”.
En esto último coincidió Mario Venegas (DC), quien es partidario “de que el crédito se regule de mejor manera, para acabarlo tal como está hoy. Hay que buscar una fórmula de un crédito más barato, contingente al ingreso y que sea cobrable”.
Girardi propondrá, “si no eliminar, reducir la entrega de créditos para 2017, al menos hasta que no se tenga en la reforma un sistema de financiamiento”.
Ena von Baer (UDI), quien integra la comisión de Educación del Senado, planteó que “este tema se debe discutir en serio dentro de la reforma al sector”, y propuso que el sistema debe mantenerse, “mientras no exista una mejor alternativa para los estudiantes de bajos recursos, en instituciones con gratuidad”.
El también senador Fulvio Rossi (PS) aseguró que “esto perjudica a la educación superior, y por eso muchas personas dicen que el crédito se paga dos veces: lo costean las personas y el Estado”.
Pese al aumento de recursos del CAE, por primera vez el monto máximo de garantía estatal -el volumen de recursos que puede avalar el fisco- tendrá crecimiento cero y se mantendrá en $395 mil millones.
“Una herida fiscal”
Los expertos también coinciden en que llegó el momento de cambiar el CAE. Víctor Orellana, director de la Fundación Nodo XXI, planteó que “el CAE fue creado con el argumento de que el Estado no tenía recursos para expandir la matrícula, y que ocupe un tercio del presupuesto muestra que eso fracasó. El crédito ha sido una herida fiscal, y hay que rescatar la educación pública de otra forma”.
Mientras que Raúl Figueroa, director de Acción Educar, aseguró que el aumento de recursos, en realidad, es “una buena noticia, porque permite que todos los estudiantes de instituciones acreditadas tengan esa ayuda”. Pero coincidió en que se debe perfeccionar el crédito, “terminando con el Fondo Solidario y el CAE, y reemplazándolos por un único sistema, que no discrimine y que tenga condiciones que aseguren su sustentabilidad”.