Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.
Señor Director:
El Ministerio de Educación, nuevamente, pretende modificar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), sin haberlo implementado totalmente. El cambio consiste en desarticular la rendición de cuentas que todos los establecimientos educacionales del país deben hacer respecto de los aprendizajes de los estudiantes y otros indicadores de calidad educativa (como clima escolar, autoestima, equidad de género). La ley actual establece que si un establecimiento educacional no consigue que la mayoría de sus estudiantes logre los estándares de aprendizaje durante cuatro años consecutivos, pierde el reconocimiento oficial y debe cerrar. Esta evaluación considera el nivel socioeconómico de sus estudiantes, para reflejar el hecho de que educar en ambientes vulnerables es más difícil.
El Gobierno pretende eliminar el cierre de escuelas, permitiendo que establecimientos que durante cuatro años han causado un retraso irrecuperable a los estudiantes en su formación, decepcionado a las familias que han confiado en su proyecto educativo, y lo quizás más grave, admitiendo nuevos estudiantes, persistan sin ninguna limitación. Se argumenta que es mejor que estos establecimientos sean intervenidos en lugar de ser cerrados. Sin embargo, esto es equivalente a pedirles a los estudiantes afectados que sigan esperando a que el Estado aplique alguna fórmula administrativa presumiblemente efectiva para mejorar una institución en descomposición. Lo correcto y responsable con esos niños es ofrecerles otros establecimientos que sí entreguen garantías mínimas de calidad, lo antes posible. Lo otro es favorecer edificios por sobre personas por meras consideraciones ideológicas.