Parlamentarios ingresaron requerimiento de inconstitucionalidad a glosas despachadas en el Presupuesto 2019. Oficialismo explica que la ley seguirá su curso normal, pero sin estos dos ítems mientras el Tribunal tome una decisión definitiva.
La discusión por el Presupuesto 2019 no ha concluido. Luego de una serie de reasignaciones de recursos, el Congreso aprobó la semana pasada el gasto público para el próximo año. Sin embargo, dos glosas quedaron pendientes: gastos reservados de Carabineros y el Fondo Solidario de Crédito Universitario.
Hasta ayer, existía la duda de cuál sería el mecanismo del oficialismo para definir qué pasaría con ambos ítems. Finalmente, 72 diputados de Chile Vamos presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de ambas glosas despachadas por el Congreso.
En el caso de los gastos de Carabineros, la discusión parlamentaria dejó sin fondos este ítem, por lo que el Gobierno, a través de Hacienda y Segpres, indicó que estudiaría la fórmula para reponer los recursos, pero que su interpretación era que debería regir el piso mínimo establecido por la ley permanente.
El requerimiento de Chile Vamos explica que la inconstitucionalidad se da porque el Congreso vulneró el inciso segundo del artículo 67 de la Constitución al rechazar la asignación de montos para la glosa de Fondos Reservados de Carabineros. “La vulneración del artículo 67 de la Constitución se produjo a través de la eliminación de los recursos correspondientes a una materia cuyos montos mínimos se encuentran establecidos a través de una ley permanente (artículo 89 de la Ley Orgánica de Carabineros)”, señala el requerimiento. Agregan que los montos a los que ascienden estos mínimos se han establecido con “precisión” por el Poder Ejecutivo, y ascienden a $343.665 millones y US$ 20 mil.
El diputado y jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez, agrega: “Nosotros no vamos solo por el tema de Carabineros, sino que también vamos porque se están cuestionando los gastos reservados en general. Esos son los motivos por los cuales nosotros planteamos que debiera hacerse reserva de constitucionalidad y que el órgano encargado es el TC”.
Para la oposición, en cambio, mediante la Ley 19.863 de 2003, sobre gastos reservados, se derogó la facultad del Ejecutivo de asignar ese monto mínimo, entregando la potestad a la Ley de Presupuestos de cada año.
Este requerimiento, según el diputado PC Daniel Núñez, “refleja que la derecha no cree en la democracia y permanentemente recurre a mecanismos contrarios a la soberanía popular”. Adelanta que como bancada también recurrirán al TC a defender su postura en ambos casos.
Leopoldo Pérez explica que el Presupuesto 2019, una vez publicado, regirá en su totalidad, salvo estas dos glosas que no podrán ser ejecutadas mientras el TC no se pronuncie. “El resto del presupuesto sigue operando tal cual”, subraya el parlamentario.
La disputa por la glosa del Fondo de Crédito Solidario se da por modificaciones impulsadas por la senadora DC Yasna Provoste, que buscaban que las universidades que cuenten con excedentes del Fondo Solidario pudieran apoyar a los estudiantes que hayan perdido beneficios estudiantiles (ver nota relacionada).
Consejo de Rectores: “Esto es otro fracaso del sistema político”
En materia de educación, la Ley de Presupuestos fue aprobada con una indicación presentada por la senadora Yasna Provoste (DC), que permite que las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) puedan usar parte de los recursos del Fondo Solidario (o excrédito fiscal) para paliar los déficits que ha dejado la gratuidad.
Los planteles tradicionales ya habían pedido tratar el tema mediante una ley corta, ya que al complejo panorama que muchos de ellos han enfrentado desde que comenzó esta política pública, en 2016, el próximo año se suman otros recortes. A partir de 2019, las instituciones deben cubrir el 50% del arancel de los estudiantes que excedan el tiempo formal de sus carreras.
Así, luego de que el Congreso aprobara esta fórmula paliativa, los rectores del CRUCh celebraron la medida. Pero ayer todo cambió, tras el requerimiento de inconstitucionalidad presentado ante el TC. Los argumentos del sector oficialista es que al ingresar esta normativa ‘se vulnera el artículo 69 de la Constitución’, ya que ‘se encuentra fuera de las ideas matrices de la Ley de Presupuestos, es decir, la estimación de los ingresos y gastos financieros del sector público para un año determinado’.
Al respecto, Daniel Rodríguez, director del centro de estudios Acción Educar, asegura que ‘en temas de forma hay un problema de constitucionalidad, en tanto esta modificación no es parte de la idea matriz de presupuesto’. Además, el requerimiento de los parlamentarios plantea que ‘se pretende modificar el actual régimen de inversión de los excedentes del Fondo Solidario’, y enfatiza que ‘corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley relacionados a la administración financiera o presupuestaria del Estado’. Acerca de esto último, la senadora Provoste afirma que ‘la derecha ha concurrido al TC cuando intenta desconocer una mayoría clara y contundente como la que hubo en la Ley de Presupuesto (…). Esa discusión la vamos a dar en el TC’.
En el mismo tono, el senador (PPD) Jaime Quintana sostiene que con esto ‘se pierde energía en temas que son completamente accesorios (.) Más bien, hay un afán de perjudicar a algunas universidades’. Por su parte, el vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, considera que ‘esto es otro fracaso del sistema político, que las decisiones de política pública se conviertan reiteradamente en controversias de orden jurisdiccional’. Para el también rector de la U. de Valparaíso, ‘si bien se hace ejercicio de un derecho, no es saludable que se quiera agravar problemas sociales evidentes, en vez de querer morigerarlos o atenuarlos’.