El Mercurio: Cierre de U. del Mar; Gasto fiscal alcanza a más de $29 mil millones
Por C. Said
En diciembre de 2012, el Consejo Nacional de Educación (CNED) decretó el cierre de la fallida Universidad del Mar. Y a partir de ahí, el Estado ha tenido que asignar más de $29 mil millones para financiar el traslado de los 10 mil alumnos que tenía el plantel en ese momento.
Estos recursos corresponden en su mayoría a becas. Por ejemplo, en 2014 fueron entregados $7.131 millones a ese ítem, y este año hay otros $11 mil millones, que están en ejecución. Además, hay fondos de desarrollo institucional para los recintos que acogieron a estudiantes que querían terminar sus estudios.
La Junaeb también ha financiado $1.289 millones en becas de mantención para jóvenes de la U. del Mar. Hasta ahí, el gasto fiscal suma $29.726 millones, lo que equivale al patrimonio que tenía el plantel en 2011.
Ante este gasto fiscal, el director ejecutivo del centro de estudios Acción Educar, Raúl Figueroa, dice que el caso de esta universidad es una excepción en el sistema, “por lo que era importante hacerse cargo de los efectos negativos que esto podría tener para los estudiantes. Eso justifica el gasto público que se ha tenido que realizar”.
Y a la luz de la reforma a la educación superior, Figueroa afirma que se requiere “de mayor claridad en las normas que rigen a las instituciones, y también un mecanismo de fiscalización adecuado a esas normas” para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir.
El director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe), Andrés Bernasconi, dice que este gasto fiscal “muestra lo difícil que es cerrar una universidad en pleno funcionamiento con varios miles de estudiantes”.
Por ello, señala que si existen problemas económicos ante nuevos casos como este, en vez de nombrar un administrador provisional, se le podría quitar la autonomía a la institución “para que pase a ser supervisada por el CNED por un plazo largo”, a la espera de que los administradores resuelvan el problema. En caso contrario, este organismo “velaría por el término de estudios o reubicación de los estudiantes que queden”.
Algunos gastos fiscales realizados tras el cierre de la institución han sido cuestionados. La Contraloría auditó $696 millones entregados en 2014, entre los cuales encontró becas otorgadas indebidamente o asignadas a jóvenes que no estaban matriculados en el plantel.
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