El Mercurio: Colegios alistan aplicación de la ley que busca resguardar matrícula escolar pese a deudas

• 11 de Enero, 2021

La Superintendencia de Educación ya ha recibido 42 denuncias vinculadas a este tema. Mientras, los establecimientos elaboran los planes de medidas extraordinarias para las familias con dificultades.

Por V. González

Dentro de una semana se cumplirá un mes desde la publicación de la ley que, según su título, ‘prohíbe’ a los colegios particulares subvencionados y pagados ‘negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda’ en el contexto de la crisis económica relacionada con la pandemia del covid-19.

En concreto, establece que los establecimientos deben elaborar un plan de medidas para alcanzar convenios de repactación de pagos con los apoderados, para así resguardar que sus hijos puedan seguir en esas aulas.

Para definir esas acciones, el texto legal da plazo hasta el 17 de enero. Los colegios trabajan en el tema, pero han surgido varias dudas. Un reflejo de ello es un oficio que la Superintendencia de Educación envió a sus directores regionales a fines de diciembre, con orientaciones para tramitar denuncias por esta materia. En el documento, de 10 páginas, se incluyen también más de 20 consultas de los recintos.

Principales inquietudes

Una de las dudas apuntaba a cómo compatibilizar el período de matrículas del Sistema de Admisión Escolar, en que participan los recintos subvencionados y que finalizó el 29 de diciembre, con el plazo de la ley para definir las medidas extraordinarias, que todavía no se acaba. ‘Indirectamente, esta ley extiende el período de matrícula’, dice el oficio.

Otras interrogantes apuntaban a qué hacer con casos no mencionados por la ley, que señala ‘entre otras’ causales como el desempleo o la caída de un 30% de los ingresos en 2020.

Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, cuestiona que un apoderado ‘te podría decir no califico en ninguna de estas (causas), pero la ley es clarísima y dice entre otras’ (.). Es el sostenedor el que va a quedar como el malo de la película’.

A raíz de esta norma, la abogada y directora de Acción Educar, Magdalena Vergara, llama a reflexionar sobre ‘la mala calidad de la técnica legislativa. Ha habido una tónica en los últimos proyectos de ley, que son derechamente mal hechos, que generan incluso a veces mayor incertidumbre o problemas de interpretación’. En este caso, añade, se normó algo que los colegios ya habían comenzado a hacer. Herrera, de hecho, señala que varios recintos están extendiendo las medidas de 2020.

Hasta esta semana, la Superintendencia de Educación ya había recibido 42 denuncias. El superintendente Cristián O’Ryan sostiene que ‘si bien esta nueva normativa viene a garantizar el derecho a una educación continua (.) entendemos también que cada uno de los proyectos educativos debe solventarse para continuar, por eso el llamado que hacemos como superintendencia es a fomentar el diálogo para llegar a acuerdos’.

‘No hay resistencia’

Guido Crino, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, sostiene que sus afiliados avanzan, desde antes de la publicación de la ley, en diseñar medidas. En esto, dice, han sido claves los acuerdos con los centros de padres.

El trabajo se ha hecho en torno a la idea que definieron como ‘piedra angular’: ‘Ningún niño o niña debe verse privado por razones financieras de mantenerse en el proyecto educativo que sus padres escogieron ‘. ‘No hay resistencia frente a lo que dispone la ley’, dice Crino, quien recalca que la mayoría de los colegios de la FIDE tienen como sostenedores a fundaciones que invierten sus recursos en el servicio educacional y atienden a familias de clase media.

Respecto a la situación financiera de los recintos, Crino señala que hay ‘variedad de casos’ y que se están haciendo esfuerzos para ajustar los presupuestos. Según una encuesta aplicada por FIDE en diciembre, a la que respondieron 60 establecimientos, un 96,7% afirmó que su morosidad había aumentado por la crisis sanitaria. En los recintos de nivel parvulario el porcentaje ascendió incluso hasta 73,5% durante 2020. Todos los encuestados, en tanto, informaron que tomaron medidas de apoyo económico a los padres.

¿Qué establece el texto legal?

Origen: La moción fue impulsada por los parlamentarios de oposición Camila Rojas (Comunes), Cristina Girardi (PPD), Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (CS), Rodrigo González (PPD) y Juan Santana (PS).

Contenido: Consta de un artículo, que señala que los recintos particulares pagados y subvencionados deberán elaborar planes de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad de la educación. Entre otras acciones, deben considerarse ‘al menos’ la reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas para 2020 y el pago de las ya reprogramadas antes de marzo del año pasado, para aquellos padres que han sufrido un perjuicio económico por la pandemia.

Artículo transitorio: Determina que los alumnos que se acojan a estos planes tendrán garantizada la matrícula este año. Las acciones de cobro solo podrán ejercerse luego del fin de la emergencia sanitaria.

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