Tras conocer las indicaciones que el Gobierno ingresó el domingo al proyecto que pone fin al lucro, selección y copago en el sistema escolar, las agrupaciones de sostenedores Conacep y FIDE, que reúne a varios colegios católicos, dicen no estar satisfechas.
Algunas de sus críticas apuntan a los cambios que se refieren al arriendo de inmuebles donde operan los sostenedores de colegios y al comodato, que es la entrega gratuita de la propiedad.
Una de las indicaciones del Ejecutivo señala que las personas jurídicas sin fines de lucro que a inicios de 2014 arrienden un plantel podrán continuar haciéndolo en las “mismas condiciones”, y otra indica que solo se podrán celebrar nuevos contratos entre personas no relacionadas, “salvo que el arrendador sea una persona jurídica sin fines de lucro o de derecho público”.
A juicio del presidente de la Conacep, Hernán Herrera, las medidas “solo benefician a la Iglesia Católica”, pues la mayoría de los propietarios de los inmuebles que los sostenedores arriendan para operar no cumplen con esos requisitos.
“Nos parece impresentable que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con un sector, como es la Iglesia Católica, permitiéndoles solo a ellos el arriendo y a los demás los obliga a la autocompra”, sostiene. Añade que “las soluciones deberían ser para todos y no hacer excepciones. (…) Les vamos a pedir a los parlamentarios que se respete el principio de igualdad”.
Guido Crino, primer vicepresidente de la FIDE, también repara en ese punto. “Se permiten los arriendos, pero condicionados. Ahí parece que se aceptó la postura de la Iglesia, porque nosotros hablamos de un arriendo no condicionado”, y agrega que “la Conacep puede tener razón, que sea discriminatorio”.
La indicación que permite a los sostenedores que no son dueños de los inmuebles recibirlos en comodato durante al menos 20 años también fue criticada. Si bien Crino dice que en parte la valora, sostiene que “favorece particularmente a los colegios católicos, pero no a prácticamente todos los sostenedores del ámbito laico”. Herrera señala que no sabe “quién estará disponible a entregar una propiedad gratis por 20 años”.
También opinan que el plazo de arriendo que se estipula, a 20 años renovable si es que el arrendador no indica al año 10 del contrato su intención de no seguir, es “excesivo”. Ambos valoran, eso sí, que el proceso de admisión sea en cada colegio, pero reclaman que no se permitan “conversaciones” previas, para que los apoderados se adscriban al proyecto educativo.
”Nos parece impresentable que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con un sector, como es la Iglesia Católica, permitiéndoles solo a ellos el arriendo”.HERNÁN HERRERAPRESIDENTE DE LA CONACEP
”(El comodato) favorece particularmente a los colegios católicos, pero no a prácticamente casi todos los sostenedores del ámbito laico”.GUIDO CRINOPRIMER VICEPRESIDENTE DE LA FIDE
Ministro Eyzaguirre: “Si nos quedamos pegados en una ley, las otras no tendrán espacio”
Luego de una intensa mañana, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, llegó hasta la Escuela Vicente Huidobro, de Pudahuel, para el lanzamiento del programa Aulas de Bien Estar.
También aprovechó esa instancia para referirse a las indicaciones al proyecto de reforma educacional que ingresaron el domingo para tramitación. “Necesitamos avanzar rápido en esto, porque la reforma educacional es grande, y si nos quedamos pegados en una ley, las otras no tendrán su espacio”, señaló.
Eyzaguirre también puntualizó que “espero avanzar con el mayor consenso posible porque es algo (la reforma) muy necesario para todos”.
Uno de los grandes cambios que proponen las indicaciones del Ejecutivo se da en la compra de establecimientos. En el proyecto original se señala que una de las alternativas para el sostenedor es venderle el establecimiento al Estado si es que este no quiere convertirse en una fundación o corporación sin fines de lucro. Incluso se indica que el sostenedor puede ser el administrador de este plantel.
Sin embargo, en las indicaciones se señala que la compra de colegios -por parte del Mineduc- solo llegará cuando “sea estrictamente necesario para garantizar el derecho a la educación”. Es decir, cuando no haya otro plantel que pueda recibir a los estudiantes y después de un análisis del cobro que se hace por alumno y de la eficiencia del inmueble.
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, asegura que esta indicación crea un escenario “complejo” para los sostenedores. Ellos, “que legítimamente se organizaron como sociedades comerciales e hicieron inversiones en sus establecimientos, se ven con menos posibilidades de recuperar la inversión y hoy lo que se establece como mecanismo para recuperarla es solo la posibilidad de vender el inmueble a las personas jurídicas sin fines de lucro”. Figueroa, quien hasta el año pasado era asesor jurídico del Mineduc, añade que eso podría ser “conveniente en algunos casos”, pero podría perjudicar sobre todo a los colegios más pequeños.
Otro de los cambios que se proponen a la reforma tiene que ver con la selección. El Ejecutivo está proponiendo que las postulaciones se hagan, si así lo quiere la familia, en cada uno de los colegios de preferencia, especificando en qué opción se tiene. La postulación también se puede hacer a través del Ministerio de Educación, el que velará a su vez que se cumpla con la no selección de los alumnos.
El proyecto también establece que si un colegio tiene cupos, debe aceptar a todos los estudiantes que postulan. En caso de que un alumno no quede inscrito en ningún colegio -por falta de cupos, por ejemplo-, el Mineduc le asignará el colegio más cercano a su hogar, y además le informará de los otros establecimientos que cuentan con vacantes disponibles.