En Acción Educar aseguran que hoy existe la oportunidad de impulsar una verdadera reforma a la calidad del sistema, pero que para eso es necesario que todos los actores participen activamente, y, en particular, que los que tienen más recursos humanos y económicos estén dispuestos a liderar, aprender y enseñar.
El periodo comprendido entre los años 2014-2017 estuvo marcado por una vorágine de reformas en educación: cambios en el financiamiento de la educación superior, prohibición del lucro, copago y selección en el sector subvencionado y la implementación de la Nueva Educación Pública o desmunicipalización, entre muchos otros.
Aunque no estuvo totalmente exento del impacto de las reformas, al no recibir recursos públicos, el sector particular pagado no fue el foco de estas modificaciones. Sin embargo, María
Jesús Castro, investigadora de Acción Educar, asegura que, terminado el periodo de intensas reformas, esta es la oportunidad de hablar de calidad de la educación, uno de los compromisos de la actual administración.
Iniciativas como “Todos al Aula” -dice- van justamente en esa línea: poner los esfuerzos en los procesos de aprendizaje y ya no en la burocracia propia que el sistema impone.
“Pero para lograrlo se necesita también la participación de todos los actores, especialmente de quienes han tenido experiencias exitosas en materia de resultados y de formación integral de sus alumnos. El análisis de la información disponible permite observar que el resultado de los colegios particulares pagados es superior al de de los municipales y particulares subvencionados. Solo a modo de ejemplo, en la medición de matemática del año 2017, los alumnos provenientes del primer tipo de establecimiento obtuvieron, en promedio, 328,2 puntos, en comparación con 240,7 y 271,1, respectivamente”, manifiesta la especialista.
Lo mismo se repite al ver los resultados de la PSU: mientras que para el Proceso de Admisión 2016 los particulares pagados obtuvieron en promedio 598,5 puntos en las pruebas de Lenguaje y Matemática, los particulares subvencionados consiguieron 501,7 y los municipales 469,3 puntos.
Es en este contexto en que los establecimientos de este tipo pueden y deben involucrarse en el sistema, de modo de jugar un rol como promotor de la calidad en los procesos de aprendizaje.
Algunos caminos a seguir
¿Cómo lograrlo? La investigadora de Acción Educar afirma que son varias las formas que se pueden proponer. Algunas ya existen y otras requieren ser impulsadas. “En primer lugar, la Ley General de Educación -en su artículo 33- establece que el Ministerio de Educación deberá crear un banco de planes y programas complementarios. Si bien es de iniciativa de la autoridad, esto podría derivar en un registro público de propuestas orientadas a la mejora continua, de modo de que distintos tipos de establecimientos podrían dar a conocer las políticas implementadas y el éxito de la mismas. En convivencia escolar, la Superintendencia de Educación podría impulsar una iniciativa similar a través de una plataforma para difundir aquellos reglamentos que hayan sido exitosos para que otros establecimientos los pudieran implementar”, ejemplifica la experta.
En segundo lugar -agrega-, la Ley de Desarrollo Profesional Docente establece un proceso de acompañamiento de profesores recién egresados, a través de mentores como experiencia en la docencia, de modo de detectar debilidades y mejorar la calidad de la educación impartida. Sin embargo, destaca que solo forman parte de esta red quienes provienen de establecimientos que reciben subvención del Estado. A su juicio, a través de una modificación, se podría entregar la posibilidad de que se integren como mentores docentes de colegios particulares pagados. “Una red similar se podría implementar para la carrera directiva de forma de ayudar a mejorar la gestión institucional”, añade.
Por último, desde el punto de vista territorial, María Jesús Castro opina que es relevante fomentar la generación de redes entre distintos tipos de establecimientos de modo de que, además de compartir la experiencia mediante la observación de clases u otras estrategias, puedan compartir también la infraestructura, haciendo uso, por ejemplo, de instalaciones deportivas, bibliotecas, etc. En este punto dice que es importante destacar que la colaboración no es unilateral, ya que este trabajo conjunto beneficiará igualmente a los establecimientos particulares pagados, “los que obviamente tienen margen de mejora en calidad como en inclusión y gestión de la diversidad, como cualquier establecimiento educacional”.
“Hoy existe la oportunidad de impulsar una verdadera reforma a la calidad del sistema, pero para eso es necesario que todos los actores participen activamente, y, en particular, que los que tienen más recursos humanos y económicos estén dispuestos a liderar, aprender y enseñar”, concluye la especialista.
Cifras elocuentes
De acuerdo a datos del Centro de Estudios del Ministerio de Educación, la matrícula de los colegios particulares pagados es de 296.735 alumnos, versus 1.943.412 de los colegios particulares subvencionados y 1.272.392 del sector municipal. Por otro lado, de los colegios evaluados por la Agencia de Calidad de la Educación, de un total de 447 establecimientos particulares pagados, 205 tuvieron un desempeño alto en educación básica, lo que corresponde al 46,9%. En el caso de los colegios particulares subvencionados y municipales, ese porcentaje alcanza el 14,3% y 5,7% respectivamente.