Cambio legal les permitirá ocupar los recursos de forma extraordinaria en 2023.
Escrita por Dierk G.
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Los niños y adolescentes fuera del sistema escolar crecieron el último año, de la mano del impacto que generó la suspensión de clases presenciales por la pandemia, y que en miles de casos se tradujo en un distanciamiento de los menores con sus establecimientos.
Son más de 50 mil los escolares que no se matricularon en ninguna escuela en 2022, porque han surgido varias iniciativas para enfrentarlo.
Ahora, el Gobierno busca asignar más recursos mediante el proyecto de ley de reajuste del sector público, que impulsan los ministerios de Hacienda, Trabajo y la Dipres.
En concreto, se incluyeron dos artículos: se faculta a los sostenedores que en 2023 puedan utilizar, de forma extraordinaria, los saldos en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para “el desarrollo de planes y acciones que tengan por objeto la revinculación o continuidad de trayectoria educativa de estudiantes con riesgo o en situación de abandono educativo”.
El segundo les permite desarrollar más actividades de este tipo, pero con la Subvención Pro Retención.
Esta última tiene un presupuesto de $42 mil millones este año, por lo que se espera que será al menos ese monto a repartir. En el caso de la SEP, dependerá de los saldos para ejecutar de cada sostenedor.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, considera “destacable” que el Gobierno busque añadir estos puntos y plantea que tanto la Subvención Pro Retención como la SEP son “sin duda un acierto”.
Advierte, eso sí, sobre otro punto de la iniciativa que autoriza el uso de la SEP para contratar personal administrativo. Señala que “es muy grave que recursos que deben ir a los niños vayan a parar a un organismo administrativo”.
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