Por: V. González y J. Herrera
Estimación corresponde a análisis de Acción Educar. La Universidad Mayor, en tanto, solicitó sumarse a la gratuidad desde 2021.Desde que se presentó la moción parlamentaria, los planteles han estado en alerta. Es que la propuesta de diputados de oposición de suspender los cobros en la educación superior, en el contexto de la pandemia, llegó en un momento complejo para las instituciones. El estallido social, el boicot a la PSU y la menor matrícula que han tenido este año, entre otros factores, las tienen en un delicado escenario económico.
Pese a que el Consejo de Rectores (CRUCh) y los directivos de universidades privadas han advertido que esta iniciativa podría acarrear graves riesgos, la moción avanza y hoy comenzará a ser votada en particular en la comisión de Educación de la Cámara Baja.
¿Qué podría pasar si se aprueba un proyecto así? Acción Educar estimó algunas de las consecuencias financieras que podrían enfrentar las instituciones. Según el análisis, si solo los jóvenes del quinto quintil siguieran pagando, el déficit de liquidez promedio de los planteles sería de $5.786 millones.
Las más perjudicadas serían las universidades privadas que no pertenecen al CRUCh: el 67% de su matrícula tendría dificultades de pago y podrían perder, en promedio, un 30% del total de sus ingresos, equivalentes a $12.357 millones. Los institutos profesionales verían una disminución de 28% y las universidades estatales, de 9%, en promedio.
El análisis también consideró qué tan capaces serían las casas de estudios de responder a una eventualidad como esta. Para medir esto, se verificó si cada entidad tendría suficientes activos a corto plazo para cubrir sus obligaciones. Haciendo la prueba con los datos de 2018, se obtenía que el 76,2% de las instituciones era solvente. Si se concretara que los jóvenes del primer al cuarto quintil dejen de pagar, el porcentaje caería a 34,6% y cerca de 154 mil jóvenes estarían en casas de estudios con riesgos.
Magdalena Vergara, directora de Acción Educar, afirma que ‘es necesario buscar soluciones para los estudiantes, pero esa solución no puede significar poner en riesgo a todo el sistema’.
El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, cree que la iniciativa puede ‘afectar la viabilidad de los proyectos educativos (.). Hasta los propios diputados ya han reconocido que la propuesta no es una solución adecuada’.
Decisiones
Ante el escenario que se vislumbra, hay planteles que ya han tomado decisiones. El jueves 30 de abril finalizó el plazo, establecido por ley, para que las instituciones solicitaran sumarse a la gratuidad. Entre los planteles que pidieron adscribirse está, según fuentes ligadas al sector, la Universidad Mayor, la cual cuenta con unos 17.700 estudiantes.
La solicitud tiene que ser revisada por la Subsecretaría de Educación Superior, y de aceptarse, desde el próximo año podrá integrarse a esa fórmula.
Actualmente, son 53 las instituciones que están adscritas a la gratuidad, y hasta el año pasado, se contabilizaban 383 mil jóvenes con el beneficio.
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