El primer día de sesión del Congreso, tras el receso de febrero, los diputados de la comisión de Educación recibirán al rector de la U. de Antofagasta, Luis Loyola. ¿El tema? La futura construcción de una red de 15 Centros de Formación Técnica (CFT), planeada por el Ejecutivo, para cada una de las regiones del país.
El proyecto ingresó en noviembre como compromiso de campaña de la Presidenta Bachelet y apunta a generar “una oferta formativa especializada, con los más altos estándares de calidad y acorde a las necesidades productivas de la región”.
Un informe elaborado por la fundación Acción Educar presenta sus reparos a esta iniciativa, pues indican que “es discutible que las nuevas instituciones que se creen, por el solo hecho de pertenecer al Estado, tengan una ventaja en entregar una formación de calidad”.
Raúl Figueroa, director de la entidad, plantea, además, que es “curioso pensar que una mejor coordinación con el sector productivo se va a generar desde las instituciones del Estado. Es más fácil que esa coordinación se dé entre privados”.
El informe también plantea que en el último año se han cerrado tres CFT estatales -ligados a universidades públicas-, los cuales no tuvieron más de nueve años de existencia.
Figueroa plantea que hay una “amplia heterogeneidad de la oferta técnica superior”, y los 12 CFT que dependen de instituciones del Consejo de Rectores tienen cerca de 115 mil alumnos, de los más de 500 mil que hay matriculados en instituciones técnicas.
Entre ellos, hay establecimientos que no están acreditados y otros que tienen hasta siete años de reconocimiento, con más de 80 mil alumnos.
En cuanto a la empleabilidad y los salarios, los más bajos se dan en los recintos estatales: por ejemplo, un egresado de un centro técnico público tiene un ingreso promedio de $385 mil, cerca de $110 mil menos que su par que estudió en un instituto privado del Consejo de Rectores (ver infografía).
Así, “parece poco conveniente crear nuevas instituciones. Más bien los esfuerzos deberían estar en generar condiciones sistémicas para el mejor desarrollo de la educación técnica superior”, postula el director de Acción Educar.
Según Figueroa, “aún existe una cierta discriminación entre los alumnos que van a la educación técnica respecto de los que van a la educación universitaria”. Esto, referido a las becas, por lo que es un aspecto a mejorar.
También sostiene que “hay que preocuparse de que la educación técnica que imparten hoy las instituciones del Estado sea de mayor nivel”.
Gonzalo Vargas, presidente de Vertebral -que agrupa CFT e institutos profesionales del país-, sostiene que “nos parece que en Chile falta más y mejor oferta académica de formación técnica y, en ese sentido, la creación de nuevos centros de formación técnica es bienvenida”.
Sin embargo, postula que, dentro del proyecto de ley, “no nos ha parecido que (estos planteles) se creen autónomos y que no se establezca que tengan que pasar por procesos de autonomía, que es un mecanismo de aseguramiento de calidad. Nos parece que los CFT del Estado sí tienen que cumplir con el procedimiento que asegura calidad”.
Matrícula: 42% de los alumnosde educación superior están en un plantel técnico.