El Mercurio: Datos fueron obtenidos por Acción Educar; Casi 40 mil alumnos perdieron la gratuidad pues se excedieron en el tiempo para egresar

• 16 de Junio, 2018

La U. de Valparaíso y del Bío-Bío, entre los planteles con más casos. Rectores piden que política cubra más tiempo que la duración formal de la carrera.

Por S. Quevedo

Actualmente, casi 328 mil estudiantes tienen gratuidad. La política está destinada a los alumnos de menores ingresos que estén en instituciones con altos estándares de acreditación. Al ser beneficiados, no pagan el arancel ni la matrícula durante la duración formal de su carrera.

Y debido a esta condición, 39.692 alumnos perdieron el beneficio, pues excedieron el tiempo formal el año pasado o este. Esto, según datos obtenidos por Acción Educar vía Ley de Transparencia.

De acuerdo con esta información, la pérdida afecta en mayor parte a los estudiantes de los planteles del Consejo de Rectores (30.217). Mientras que los jóvenes de institutos profesionales y centros técnicos son los que presentan una menor cantidad (4.842). Eso sí, recién en 2017 los planteles técnicos se sumaron a la política.

Estas cifras son “preocupantes” para el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, quien dice que “no es un número pequeño”, y que podría generar mayores problemas a futuro. “Conoceremos la magnitud total en 2021, cuando los que ingresaron el primer año de gratuidad (2016) lleguen al término de sus carreras”, explica.

En 2017 había cerca de 262 mil alumnos con gratuidad. Ese año, el 5,6% de los estudiantes dejó de estar adscrito. Si se considera solo a los universitarios favorecidos (168 mil) -pues el año anterior la gratuidad era solo para esas casas de estudio-, cerca de un 10% de los jóvenes dejó de estudiar gratis.

Frente a este escenario, el Mineduc asegura que “nos preocupa que los jóvenes pierdan los beneficios que han recibido, y efectivamente es esperable que a medida que más estudiantes tengan gratuidad, crezca el número de quienes pierdan el beneficio por exceder la duración de las carreras”.

Por instituciones

Al hacer una revisión por las universidades que en 2017 contaban con una mayor proporción de alumnos que dejaron de contar con la gratuidad, destaca la U. de Valparaíso, mientras que la U. Finis Terrae es la menos afectada.

Héctor Gaete, rector de la U. del Bío-Bío, plantea que se debe revisar la legislación “para que se prolongue por al menos un año (la gratuidad), porque la realidad de todos los estudiantes de Chile es alargarse” para obtener el título.

La idea es secundada por el rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle. “En el Consejo de Rectores siempre hemos considerado necesario que la gratuidad se extienda por un año más al tiempo de duración formal de las carreras. Cerca de un 60 % de los estudiantes requiere, en promedio, de un año adicional. Y al no haber un financiamiento para ese tiempo, para muchos estudiantes va a devenir en endeudamiento o en un perjuicio económico para las instituciones”.

Extensión

Los expertos también piden repensar la actual legislación y ampliarla. “Estoy por extender la gratuidad más allá de la duración que tiene la carrera, más que gastar (los recursos) en atender a los deciles de más altos ingresos”, manifiesta Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la U. Católica.

Añade: “Si uno da un beneficio como la gratuidad y después se lo quita, hace que el problema quede en la institución y se debiera considerar la duración en la práctica de la carrera”.

En tanto, Juan Pablo Valenzuela, investigador de la U. de Chile, propone que se podría analizar que, “en carreras cortas, se dé una garantía de un semestre adicional, y en las carreras largas podría haber un año adicional”.

A pesar de esto, Daniel Rodríguez afirma que esto sería “simplemente patear el problema y sobrecargar la carga fiscal para un beneficio que ya se entregó”.

Frente a la petición de la extensión del beneficio, el Mineduc añade que trabaja para que “los alumnos terminen sus estudios dentro del tiempo estimado”.

Precisan que la cobertura de la gratuidad “está determinada en la Ley de Educación Superior, sin perjuicio de que como Mineduc estamos disponibles para estudiar mejoras, siempre con el fin de apoyar a los jóvenes y a las instituciones adscritas al sistema, pero resguardando la responsabilidad fiscal desde el punto de vista de los recursos”.

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