Esa fue la realidad que se registró en 2017 en las cuatro casas de estudios del Consejo de Rectores ubicadas en la región de Valparaíso. El promedio es superior en un punto porcentual al nacional. Y la tendencia es al alza.
De los 25.240 estudiantes que obtuvieron gratuidad en las cuatro universidades de la región de Valparaíso que forman parte del Consejo de Rectores (CRUCh), un total de 2.668 perdieron el beneficio el año pasado debido a que sobrepasaron la duración formal de sus carreras, lo que equivale al 10,5%.
A nivel nacional, los beneficiados en 2017 fueron 168.616, de los cuales 14.938 experimentaron la misma situación (9%). Si se contabiliza el número de los afectados el año pasado y en el presente, el número se dispara a los 39.692, de acuerdo a un estudio de la Fundación Acción Educar, elaborado sobre la base de los datos entregados a la entidad por el Ministerio de Educación por la vía de transparencia.
Las universidades de Valparaíso, Metropolitana de Ciencias de la Educación y del Biobío concentran la mayor proporción de estos casos respecto de la matrícula beneficiada. Y los datos disponibles de 2018 permiten proyectar que la cifra seguirá aumentando, a lo cual se suma que según la estimación de Acción Educar, el déficit acumulado por las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad se eleva a nivel nacional a los $68 mil milllones.
El tema es motivo de preocupación para el Gobierno, estudiantes, universidades, familias y parlamentarios de las comisiones de Educación, que ya comenzaron a analizar las modificaciones legales que será necesario introducir para resolver el problema.
Sobre duración
“El hecho de que los estudiantes se demoren más tiempo en terminar sus carreras que la duración formal de ellas es un aspecto que uno podría llamar característico de la educación superior chilena; de hecho hace bastante tiempo que el Ministerio de Educación lo está investigando”, señala Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, quien recalca que esta es “una característica conocida que se debió haber tenido en consideración al momento de diseñar las políticas de gratuidad”.
Agrega que lo anterior no significa que haya que extender la gratuidad hasta igualar lo que tardan los estudiantes en terminar, pero sí considerar estrategias para evitar el peor escenario, “que es cuando a un alumno se le acaba el beneficio, le quedan muchos ramos porque se atrasó y debe desertar porque no puede financiar sus estudios”.
“Más allá de por qué ocurre esta situación -los alumnos se atrasan por una diversidad de razones académicas, personales, sicológicas, motivacionales-, lo clave es que nos demos cuenta de que la política de gratuidad fue diseñada de una manera muy rápida y deficiente, es muy burda en su redacción y diseño, y por tanto es muy importante que antes de seguir expandiéndola, de seguir aumentando los deciles de ingresos beneficiados, nos pongamos a pensar bien cómo la mejoramos”, observa Rodríguez.
Para Acción Educar no es una buena opción alargar la gratuidad porque eso sólo equivale a posponer el problema, y además hay una razón de justicia, puesto que hay muchos estudiantes, tan vulnerables como los beneficiados, que no están en universidades adscritas a la gratuidad y que no la reciben. “Y por lo tanto, antes de alargar el beneficio a algunos, debiéramos pensar en repartir mejor los recursos públicos entre todos”.
Una buena estrategia, sostiene Daniel Rodríguez, sería el diseño de un nuevo crédito universitario que permitiera ayudar al financiamiento de los estudiantes que perdieron el beneficio. “Y por otro lado, abrirse, allanarse, a hacer modificaciones que permitan la mejor implementación” de esta política pública.
Extensión de carreras
“Esta situación tiene que ver con que una parte importante de los alumnos, tengan o no tengan gratuidad, sobrepasan los tiempos de duración estimados de las carreras, pero tenemos que considerar adicionalmente que muchas carreras en Chile son más largas de lo que debieran ser, por lo tanto debiéramos incentivar para que tanto estudiantes como universidades generen las condiciones para terminar dentro de los plazos”, comenta el diputado RN por el Sexto Distrito, Luis Pardo.
El parlamentario, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, plantea que la opción de alargar la duración de la gratuidad significaría restar recursos para otros estudiantes que aspiran a obtener el mismo beneficio.
“Por tanto, yo creo que hay que estudiar la forma de que las carreras se terminen dentro de los plazos y, por otro lado, se acorten muchas carreras que, según indican todos los estudios, son demasiado largas comparativamente con otros países”, agrega el legislador, quien también coincide en que, “en general, la legislación en educación y las reformas que se hicieron en los últimos cuatro años no han sido muy rigurosas, y por eso hay que estar arreglándolas y parchándolas permanentemente”.
Luis Pardo expone también que en este caso en particular “hay que estudiar por ejemplo el nuevo proyecto de financiamiento solidario en que se contempla que para aquellos alumnos que no terminan dentro del periodo establecido, el arancel se rebaje un 50% en el primer año después de cumplido el plazo en que termina la carrera”.
Aborda igualmente el déficit que esta situación plantea a las universidades. “En el fondo la gratuidad genera una fijación de precios que tanto a las universidades públicas como privadas les significa asumir una diferencia que no es menor, considerando los niveles que está teniendo la cobertura de la gratuidad. Por eso creo que éste no es un tema de fácil solución y pienso que vamos a tener que estudiarlo con mucho detenimiento en la Comisión”, resume.
Aporte basal
La secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Valeria Verdejo, hace ver que las cifras del estudio de Acción Educar revelan que el mayor número de estudiantes afectados por la pérdida de la gratuidad se encuentran en el cuarto decil, por lo tanto, sus familias no perciben altos ingresos, a la vez que esta casa de estudios también contempla en su matrícula una diversidad de estudiantes de los deciles de menores ingresos.
“Vemos que los estudiantes perjudicados por esta política pública son los que tienen menores recursos, siendo que son ellos los que más lo necesitan”, plantea la dirigenta y estudiante de Sociología, quien observa que hay diversas razones por las cuales se extienden las carreras, como puede ser la preparación escolar con que los jóvenes de menores ingresos llegan a la universidad, como también incide el hecho que muchos deben trabajar en forma paralela.
“Yo creo que tiene que cambiar la política de gratuidad como se entiende hoy día, porque lo que hace es seguir financiando la demanda. Al final las instituciones se pelean por tener los mejores puntajes porque significan mayor aporte, o mayor número de estudiantes, pues las universidades con más matrícula y con mayores puntajes son las que tienen también más altos ingresos”, agrega.
En su opinión la política de gratuidad “debería ser un aporte directo banal a las instituciones, de acuerdo a ciertos criterios. Como Confech siempre hemos pensado que la forma en que el Estado debería financiar a las instituciones públicas es a través de un aporte basal”, resume
En Universidad de Playa Ancha
De acuerdo a la información proporcionada por el director general de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Playa Ancha, Gregorio Silva Díaz, los estudiantes con gratuidad 2017, que no podrían renovar su beneficio por expirar los años de duración de la carrera para el año 2018, corresponden a 821 estudiantes. De ellos, a la fecha, se encuentran matriculados 571, existiendo a la fecha 55 estudiantes sin beneficios 2018, aun cuando todavía se encuentra en proceso la asignación de ayudas estudiantiles del presente año. Gregorio Silva recuerda que la gratuidad no se pierde por rendimiento académico y que los únicos factores que influyen en la pérdida del beneficio son: no estar matriculado académica y administrativamente y exceder la duración formal de la carrera. Además, el Ministerio de Educación permitió a los estudiantes que perdían el beneficio por exceder la duración formal de la carrera, postular a otros de carácter estatal para 2018. “Nuestra opinión como institución, es que se considere un año extra de duración de la gratuidad”, señala el docente directivo.
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