El Mercurio: Déficit de Ues. aumentaría a $68.644 millones si se aprueba la reforma

• 30 de Diciembre, 2017

El cálculo analiza la fijación de aranceles de los alumnos sin gratuidad que estudian en planteles adscritos a la política.

Por N. Álvarez

La reforma a la educación superior entró a su última etapa en el Congreso, luego de que el Poder Ejecutivo se propusiera despacharla antes de que finalice enero. Pero a 32 días de ese plazo y luego de recibir 83 indicaciones del Gobierno, la comisión de Educación del Senado recién espera iniciar su discusión en particular la próxima semana.

Y pensando en una eventual aprobación de la ley, Acción Educar realizó un análisis para evaluar el impacto de uno de sus aspectos: la fijación de precios de los aranceles para los alumnos que no tienen gratuidad y que estudian en instituciones adheridas a esa política, durante el período de transición hacia la gratuidad universal.

“Como consecuencia de la aprobación de la ley, la situación deficitaria de las instituciones pasaría de $22.163 millones -brecha estimada tras el avance (de la gratuidad) al 60% más vulnerable-, a $30.427 millones, por el solo hecho de que se les fijan los aranceles a los alumnos que no tienen derecho a la gratuidad en deciles superiores”, explica Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Así, según sus datos, la regulación de aranceles en el decil 7 generaría un déficit automático de $7.404 millones, mientras que en los deciles 8 y 9 la diferencia sería de $859 millones. Con ello, el déficit total acumulado desde 2016 llegaría a $68.644 millones, concluye Figueroa (ver infografía).

“Este déficit se traduce en recursos que las instituciones dejan de recibir por la aplicación de estas normas y, ciertamente, impacta en la calidad del sistema (…) los planteles se ven obligados a modificar sus proyectos educativos y a dejar de hacer cosas”, advierte Figueroa.

Opinión de los rectores

Si bien dice que hay un “amplio acuerdo” en que la gratuidad puede abarcar hasta el sexto decil sin perjudicar la autonomía de las instituciones de educación superior, el rector de la U. Autónoma de Chile, Teodoro Ribera, plantea que “no puede permitirse que por la vía de esta política se impongan aranceles regulados a los quintiles que no están acogidos a gratuidad”.

Ribera añade que “lo que está haciendo el Estado es acelerar los efectos negativos de la fijación de aranceles de precios para las universidades, y eso indudablemente le hará mal al sistema, el cual es valorado a nivel latinoamericano”.

Opinión similar tiene su par de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Según el rector, la regulación de aranceles en los deciles mencionados “representa un grave riesgo al crecimiento y desarrollo de las universidades, por cuanto estos “no cubren la brecha del financiamiento”.

Para evitar posibles complicaciones en la administración financiera de su institución, Sánchez explica que están trabajando para advertir al Gobierno y a los parlamentarios sobre los efectos de esta medida.

“Tenemos que legislar con una mirada de 20 y 30 años, no estar pensando solo en el impacto de estas medidas a dos o tres años”, concluye la autoridad.

Ver noticia en El Mercurio.