El día en que se presentó el proyecto de ley de Carrera Docente, no solo los profesores estaban preocupados. Un pequeño grupo observó con atención cuando la Presidenta Bachelet anunció que se derogaba el artículo 46 G de la Ley General de Educación, que permite hacer clases en educación media a profesionales titulados en otras áreas.
El 46 G, como lo pide el Colegio de Profesores, tendría solo cinco años más de vida si se aprueba el proyecto como está hoy. Y son esos profesionales “no docentes” los que más lamentan esta decisión.
Según un informe de Acción Educar basado en cifras del Ministerio de Educación, el año pasado 10.146 personas hacían clases sin tener el título de profesor; de ellas, 4.180 lo hacían gracias al 46 G, lo que representa el 2,3% del sistema escolar.
¿Los otros seis mil? Profesionales y personas con títulos técnicos, o incluso que no tienen título. Son quienes trabajan haciendo clases gracias a un decreto que permite a los seremis de Educación autorizar contrataciones si es que un colegio lo requiere porque no hay profesores para suplir su demanda. Un decreto que seguirá en pie y que, según explican en el Mineduc, permitirá el trabajo de no docentes.
Ocurre así con quienes enseñan especialidades en colegios técnico-profesionales y con quienes suplen la escasez de maestros en zonas extremas o vulnerables, principalmente para áreas deficitarias, como Física, Matemáticas o Inglés.
Según Acción Educar, son justamente esas áreas donde hay más presencia de los “maestros 46 G”: son 9% de quienes enseñan Inglés, 7% de los de Física y 5% de los de Química. Un déficit que no se podría suplir rápidamente por el sistema, ya que Pedagogía es una carrera de cinco años, y, según consta en los registros oficiales, la matrícula en estas especialidades ha caído a casi la mitad en siete años.
“Faltan profesores que dominen ciertas especialidades, y la posibilidad de que profesionales que dominen esas materias suplan ese vacío y además lo hagan con buenos resultados tiene un efecto positivo. Tomar medidas que potencien esa carencia parece un error, sobre todo si es un sistema que ha funcionado”, dice Raúl Figueroa, director de Acción Educar.
El experto destaca éxitos como el de los “profesores” de Enseña Chile -fundación que prepara a otros profesionales para hacer clases en colegios vulnerables-, donde el 96% logra nivel sobresaliente o aceptable en la prueba Inicia, y apenas el 4% quedó en categoría Insuficiente. Esto, en la medición de conocimientos pedagógicos, donde el 35% de los egresados de Educación queda en nivel Insuficiente.
Tomás Recart, director de esa fundación, afirma que en general el proyecto de ley va en la dirección correcta, especialmente por redignificar la labor docente, pero que en este punto debería buscar una salida distinta: “Es importante que (la situación de estos profesionales) se formalice. El tema es cómo formalizar las competencias pedagógicas cuando se formaron de manera no tradicional”. Proponen que, más que la sola derogación del artículo, se busque una forma de integrar y asegurar estándares. Enseña Chile, de hecho, prepara a los profesionales antes de llevarlos a las aulas, algo que no ocurre en otros casos.
Para Figueroa y Recart, el tema debe analizarse en el debate legislativo, algo a lo que se suma la investigadora del CEP Sylvia Eyzaguirre, sobre todo porque “la cantidad de profesionales que están haciendo clases en el sistema es un número marginal; es decir, no tenemos un problema real de profesores sin título”. De ahí que plantea que es importante revisar la medida, porque más que perjudicar, hoy está siendo un aporte a las escuelas.
“Faltan profesores que dominen ciertas especialidades, y la posibilidad de que profesionales que dominen esas materias suplan ese vacío (…) tiene un efecto positivo”. RAÚL FIGUEROA, Director de Acción Educar.
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