Por: Valentina González y Maritza Tapia.
Nueva redacción de la oposición plantea, en cambio, liberar de multas y otras consecuencias a quienes no puedan pagar. Y añade otras ideas que, según el Mineduc, comprometerían recursos del Estado.En suspenso. Así quedó la votación de la polémica moción que presentaron diputados de la oposición para, originalmente, suspender los cobros de aranceles y matrículas en instituciones de educación superior y que, desde ingresó al Congreso, ha tenido a los rectores en situación de alerta.
Aunque estaba previsto que la comisión de Educación de la Cámara Baja iniciara ayer la revisión en particular del texto, tras recibir 14 indicaciones, los diputados acordaron suspender la sesión hasta la próxima semana.
El tiempo extra lo solicitó Jaime Bellolio (UDI), quien ha encabezado las peticiones de Chile Vamos al Gobierno para que dé un paso que podría modificar el escenario de esta discusión. Se pidió, dice el congresista, que se ‘abra un nuevo período de postulación a los beneficios (becas, créditos, gratuidad), pero que tome en consideración la actual situación socioeconómica de los estudiantes’.
Según Bellolio, el oficialismo ha tocado varias puertas: ‘Se lo hemos planteado al ministro de Educación, al de Hacienda, al ministro Blumel y también al Presidente’. El diputado enfatiza que así se podría apoyar a los jóvenes y, a la vez, resguardar a los planteles.
La comisión accedió a esperar, pero bajo ciertos acuerdos que detalla su presidenta, Camila Rojas (Comunes): ‘Seguiremos legislando de manera rápida; los partidos se comprometieron a no obstruir que esto avance. Segundo, los diputados de Chile Vamos están en diálogo con el Gobierno para que este juegue un rol en este proceso’.
Cambios en el camino
Lo que se votaría, sin embargo, podría ser distinto al texto que abrió el debate y que consistía en un solo artículo para suspender los cobros. Según el diputado Juan Santana (PS), uno de los autores, ‘queremos que una iniciativa de estas características tenga la transversalidad que un problema de esta magnitud tiene’. Esto, precisa, manteniendo como ejes el evitar que un alumno sea expulsado por su situación económica o que enfrente multas o intereses por retrasos en los pagos.
La oposición propuso reemplazar el único artículo por otro que elimine las multas y consecuencias para quienes no puedan pagar por haber visto afectada su condición financiera.
Pero también planteó otras indicaciones: desde abrir un nuevo período de postulación a beneficios hasta la creación de un fondo de apoyo a universidades estatales, que compense los recursos que no recibirán por aranceles.
A juicio del subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, muchas de estas propuestas ‘no resuelven el problema de fondo y generarían un mayor gasto fiscal, lo que, además de ser inadmisible, no comprende que hoy el principal esfuerzo del Estado en materia de gasto está puesto en enfrentar la pandemia’.
Con todo, destaca que hay indicaciones que ‘promueven una mejor solución’ al instar a los planteles a generar planes de apoyo, como ya están haciendo.
A la espera
El nuevo vicepresidente del Consejo de Rectores y directivo de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, considera que abrir un nuevo proceso de postulación a beneficios sería un paso en la línea correcta, pero lo ve poco probable, pues ‘al abrir este proceso (el ministerio) se compromete con ayudarlos’.
Diego Durán, presidente del G9 y rector de la UC del Maule, coincide en que la opción sería positiva, pues ‘la realidad en un mes ha cambiado rotundamente’. Tras revisar las indicaciones, el académico mantiene sus cuestionamientos al aporte de esta ley, más allá de las intenciones de proteger a los alumnos. Sobre la propuesta de que las casas de estudio generen medidas académicas y económicas, por ejemplo, plantea que ‘no tendría sentido una ley para hacer algo que ya se está haciendo’.
Suspender los cobros de aranceles, como proponía inicialmente la oposición, pondría a las instituciones en una situación muy delicada. Así lo advierte un análisis de Acción Educar, que simuló cuántos recursos dejarían de recibir los planteles.
En promedio, si solo el quinto quintil pagara, las universidades privadas que no son parte del Consejo de Rectores perderían 30% de sus ingresos. En un escenario menos pesimista, en que el cuarto y el quinto quintil siguieran aportando con sus pagos, la pérdida sería de 13,1%. Si todos los estudiantes pagaran solo la mitad de lo que deberían, en tanto, recibirían un 27% menos y, de nuevo, serían las más afectadas.
La directora de Acción Educar, Magdalena Vergara, plantea que el camino de suspender estos cobros es errado y propone otras soluciones. La primera, señala, debe enfocarse en los estudiantes y en ese sentido, destaca que los diputados soliciten la apertura de un nuevo proceso de postulación a beneficios estudiantiles. ‘Es de esperar que el Ejecutivo atienda a esta solución, especialmente si consideramos que tal como anunció el ministro de Educación sobre la primera entrega de estos beneficios, quedaron fondos del Presupuesto 2020 sin utilizar -debido a una baja en las postulaciones- y, por tanto, sería positivo que se redestinaran con este fin’, dice la abogada.
Además, considera clave apoyar a las instituciones para que puedan aliviar sus déficits de liquidez y seguir operando.
‘Una manera sería que puedan acceder a los créditos con garantía del Estado, como el Fogape, tal como lo hacen las medianas y pequeñas empresas’, plantea. Eso sí, precisa, ‘permitiendo que las instituciones de mayor tamaño afectadas también puedan acceder a estos créditos, comprendiendo que se trata de personas jurídicas sin fines de lucro, lo que algunos diputados han olvidado’.
Para leer la nota en El Mercurio, ingresa aquí.