El Mercurio: El 50% de los dineros ya comprometidos en proyectos educacionales iría a financiar la nueva carrera docente
Paro indefinido, marcha por el centro de Santiago, corte y desvío de calles, incidentes entre encapuchados y carabineros al terminar el acto en Estación Mapocho. Ese es el corolario de la semana en que el Colegio de Profesores le declaró la guerra al proyecto de carrera docente que impulsa el Gobierno.
“Es un paro contraproducente e injustificado”, han señalado en el Gobierno, argumentando que esta iniciativa -que mejora las remuneraciones del profesorado casi en un 30% promedio- es el proyecto educacional más costoso para el Estado de los que se han presentado hasta ahora.
Según el informe financiero del proyecto, esta iniciativa cuesta US$ 2.458 millones adicionales a lo que hoy gasta anualmente el Estado en el pago de profesores. Esto representa un 49,7% de los recursos comprometidos en anuncios relativos a la reforma educacional.
La batería de iniciativas aprobadas o en trámite legislativo totaliza US$ 4.946 millones en régimen y está compuesta, en orden decreciente según el monto, por: carrera docente; ley que pone fin al lucro, selección y copago en la educación secundaria; aumento de la cobertura de la educación parvularia; bono para el retiro de profesores; 15 centros de formación técnica estatales en regiones y creación de dos universidades; bonificación de personal no docente y la ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia.
Fin al lucro, pago y selección es la segunda iniciativa más cara: US$ 1.692 millones
A estas propuestas, que se irán implementando de manera gradual, se deben sumar dos promesas más, cuyos detalles todavía se desconocen: el proceso de desmunicipalización y el proyecto de financiamiento de la educación superior. Ambos están en etapa de debate prelegislativo pero, según estimaciones de analistas y centros de estudio, el costo total de la reforma educacional podría escalar hasta los US$ 9.760 millones en régimen.
El costo asociado a cada proyecto ha encendido una luz de alerta respecto de la capacidad del Estado para financiar la reforma educacional en su integridad.
La reforma tributaria aprobada en 2014 apunta a recaudar, a partir de 2018, tres puntos porcentuales del PIB; es decir, US$ 8.300 millones. De estos, US$ 5.000 millones se destinarían a educación y el dinero restante, a otras políticas públicas.
Visto así, las cifras no cuadran, puesto que los proyectos conocidos ya tienen comprometidos casi la totalidad de esos US$ 5.000 millones.
Sin embargo, en el Mineduc aclaran que la mayoría de los proyectos más costosos tendrá una implementación gradual y, por lo tanto, la capacidad de crecimiento económico del país aportará las platas faltantes.
“Para 2030 los recursos adicionales no van a ser solo los de la reforma tributaria, sino que también todos aquellos que vengan del crecimiento económico”, explicó el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, a fines de abril.
La ley que pone fin al lucro, copago y selección, por ejemplo, es el segundo proyecto más costoso de los que se han presentado hasta ahora, con US$ 1.692 millones en régimen. Sin embargo, ese costo se alcanzará después de 2018, y siempre que se incorporen al sistema de gratuidad todos los colegios particulares subvencionados.
La investigadora de Libertad y Desarrollo María Paz Arzola, en cambio, considera que las estimaciones del Ejecutivo son poco realistas. “En el escenario más optimista todo apunta a que los recursos no alcanzarán”, afirma. La reforma tributaria se generó en un escenario con una expansión del PIB de 4,9%, pero hoy se habla de un crecimiento en torno al 3%.
Las dudas incluso se han hecho extensivas a dirigentes de la Nueva Mayoría. Los senadores del PS Carlos Montes y Fulvio Rossi han advertido que, dada la magnitud de los compromisos, habrá problemas para financiar la batería de proyectos, salvo que el país crezca tanto que no se requiera implementar otra reforma tributaria.
Aumento de sueldos incluye a sector municipal, subvencionado y parvularias
La nueva carrera docente que propone el Gobierno tendrá un costo de US$ 2.458 millones al año en régimen, considerando las mejoras salariales y el costo de contratar nuevos profesores.
Los primeros en incorporarse al sistema serán los profesores del sector municipal (2017), y luego los del sector particular subvencionado, quienes se sumarán gradualmente entre 2018 y 2025. Otro proyecto que apunta al bolsillo de los docentes es la ley que crea un bono para el retiro de los profesores, cuyo costo fiscal es de US$ 195 millones al año.
Para ingresar a la carrera docente que propone el Gobierno, los nuevos profesores tendrán la obligación de pasar por una prueba de selección y, luego, irán aumentando sus remuneraciones en la medida que avancen en los cinco tramos que establece el proyecto: inicial, temprano, avanzado, superior y experto. De acuerdo con esta escala, los ingresos de los profesores irían desde un piso de $861 mil mensuales -casi un tercio más que el piso actual- hasta $1,8 millones mensuales. Además, establece que los profesores deberán dedicar solo el 65% de su jornada a hacer clases y el 35% restante, a prepararlas.
Faltan 14.200 profesores
¿Por qué, entonces, el magisterio se opone a esta propuesta que implica uno de los mayores reajustes salariales en los últimos 25 años? En primer lugar, porque consideran que las platas son insuficientes. El presidente de la orden, Jaime Gajardo, ha señalado que la remuneración piso debe ser de un millón de pesos mensuales.
Educación 2020 realizó una estimación del costo que tendría la nueva carrera docente en el caso que las remuneraciones se movieran entre un mínimo de $1 millón y un techo de $2,2 millones: US$ 3.367 millones adicionales, es decir, 37% más que el actual proyecto.
Elige Educar también realizó estimaciones sobre la inversión que debería hacer el Estado para que el trabajo de los docentes chilenos se acerque a los estándares de los países de la OCDE: si los profesores pasaran el 60% de su tiempo dentro de la sala de clases y el 40% restante preparando las actividades, se tendría que pasar de los cerca de 176.500 profesores que actualmente se desempeñan en el sistema a unos 190.700. Es decir, el Estado tendría que costear el ingreso de 14.200 docentes adicionales.
Un estudio de esta fundación también indica que el proyecto propuesto por el Gobierno genera un alza de las remuneraciones demasiado atenuada al principio de la carrera en comparación con las demás profesiones.
Un profesor que pasa del tramo inicial (el más bajo de la escala que propone el Gobierno) al siguiente tramo, solo ganará $6.000 adicionales.
Profesores ganan 73% de lo que obtienen otras profesiones
Cifras de la OCDE indican que un profesor chileno obtiene una remuneración equivalente al 73% de lo que gana un profesional de otra área con el mismo nivel de estudios. El promedio de los países de la OCDE, en cambio, es de 88%; en Australia es de 93% y en Finlandia, es de 97%.
Pero además, pese a las mejoras salariales implementadas en las últimas dos décadas, las remuneraciones de los docentes locales siguen por debajo de sus promedios históricos. Un estudio del economista de la Universidad de Maryland Sergio Urzúa revela que los docentes con 20 años de experiencia ganaban en 1970 el equivalente a $1,5 millones si se trajeran a valor presente los sueldos de ese año. Mientras que en 2012, los docentes con esa misma trayectoria ganaban $1,1 millones. Esto, considerando 44 horas trabajadas por semana más los diferentes bonos por antigüedad, perfeccionamiento, responsabilidad y desempeño.
Gratuidad universitaria total podría costar US$ 4.500 millones
Aunque todavía no se ha presentado el proyecto de ley que regulará aspectos clave del financiamiento de la educación superior, como cuánto podrán cobrar las universidades y cuántos años podrán demorarse los alumnos en sacar sus carreras, ya hay algunas estimaciones sobre el costo que podría tener para el país avanzar hacia la gratuidad universal. Esa promesa tendría un costo de US$ 4.500 millones, según estimaciones de Libertad y Desarrollo basadas en el gasto público y privado que realiza hoy el país para financiar los estudios superiores.
El próximo año, el Estado financiaría los estudios del 60% de los estudiantes más pobres, pertenecientes a las universidades del Consejo de Rectores y de institutos acreditados sin fines de lucro, lo que tendrá un costo de US$ 500 millones, platas que se incorporarán en la Ley de Presupuestos.
Recién durante el segundo semestre de este año se comenzará a discutir el proyecto de ley que apunta a que la gratuidad llegue al 100% de los estudiantes, incluyendo los planteles tradicionales y los creados post 1981.
Dada la magnitud de las cifras, se ha discutido acotar el proyecto a los sectores más vulnerables. De acuerdo a cálculos que incorporan gratuidad solo para el 70% de los más pobres, el costo para el Estado sería de US$ 1.900 millones anuales, según LyD.
Según el investigador de Educación 2020 Manuel Sepúlveda, dada la magnitud de los proyectos en debate, el Gobierno debería priorizar aquellos vinculados con la educación parvularia y escolar, aunque ello vaya en desmedro de la gratuidad en educación superior.
“Se requiere gradualidad porque el primer paso, antes de cualquier inversión, es limpiar el sistema”, afirma.
Para esto, señala, es necesario establecer un nuevo modelo de aseguramiento de la calidad (acreditación), definir un mecanismo que entregue más recursos basales, ajustar los aranceles y generar normas de acceso y selección comunes para todas las instituciones.
Desmunicipalización: entre US$ 314 y US$ 1.413 millones
El proceso de desmunicipalización de la educación pública es otro proyecto pendiente y que pone en duda si los recursos alcanzarán o no. El escenario más conservador es que el Mineduc asumirá solo los US$ 314 millones al año que hoy aportan los municipios para cofinanciar la educación pública.
Pero a esto se podrían sumar otros costos para el fisco que se están discutiendo entre el ministerio y la Asociación de Municipalidades: la educación municipal tiene deudas acumuladas por US$ 260 millones, principalmente por cotizaciones previsionales impagas de los profesores.
Además, adeudan al Mineduc US$ 404 millones que han recibido como adelanto de subvenciones. A esto se suman unos US$ 435 millones necesarios para indemnizar a los profesores que, eventualmente, saldrían del sistema en el caso que el Estado decidiera cerrar o fusionar los establecimientos que se han ido quedando sin alumnos.
- LA BATERÍA de iniciativas aprobadas o en trámite legislativo totaliza US$ 4.946 millones en régimen.
¿Por qué los profesores rechazan el sistema de evaluación?
El proyecto de carrera docente establece la creación de un Sistema Nacional de Certificación, que aplicará las pruebas estandarizadas, individuales y obligatorias cada cuatro años. De los resultados que los docentes obtengan en esas pruebas, dependerá el tramo que ocuparán en el escalafón de remuneraciones.
Según el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo (PC), las pruebas que deberán rendir los docentes para avanzar en la carrera están centradas en las competencias individuales y no en el trabajo colaborativo que se da en la escuela. “El exceso de rendición de cuentas sobre el profesor, por sobre instancias reales de perfeccionamiento, revela que el interés no está en la mejora continua de los profesores, sino en el control y en la desconfianza”, señala una presentación que la directiva del Colegio hizo llegar a los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
En lugar de este mecanismo estandarizado, el Colegio de Profesores ha propuesto avanzar hacia un sistema de certificación que considere elementos locales, de modo que la evaluación recoja el contexto social en que se desempeña cada docente.
Además, han pedido mantener los reajustes bianuales por antigüedad que se entregan con la actual legislación, independientemente de la carrera que plantea el Gobierno.
El director ejecutivo de la Fundación Acción Educar, Raúl Figueroa -ex jefe de Asesores del Ministerio de Educación durante el gobierno anterior- defiende la idea de hacer más exigentes los mecanismos de evaluación. Sin embargo, coincide en un punto con el magisterio: que se establezcan métodos de evaluación que incorporen a las autoridades locales.
“La evaluación del director debiese tener también consecuencias en la remuneración del profesor y en su permanencia laboral. Desde el Ministerio de Educación se pueden medir los conocimientos disciplinarios y ciertas competencias pedagógicas, pero las pruebas estándar no logran valorar el desempeño de cada profesor en su clase y en su contexto”, afirma.
María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo (LyD), también coincide con el Colegio de Profesores en que el esquema propuesto sería excesivamente centralizado: “No se podrá despedir a un profesor a nivel local. Eso se podría corregir”, afirma.
Sin embargo, considera que las razones expuestas por el magisterio para rechazar el proyecto del Gobierno -iniciativa que considera en general positiva- no apuntan a perfeccionar el proyecto, sino a no evaluarse: “El Colegio de Profesores no quiere que haya certificación”, afirma.
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