La cifra también considera a las instituciones de defensa nacional. Expertos apuntan, entre otros, a que el proceso de certificación se diseñó para las universidades.
De las 145 instituciones de educación superior que hay en Chile, 86 están acreditadas. Las 59 restantes -que equivalen al 40%- no tienen su calidad certificada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), o bien nunca se han sometido al proceso.
Estos datos, publicados por la CNA en el Barómetro del Aseguramiento de la Calidad, también muestran que la mayoría de los planteles que no está acreditado son los técnicos profesionales o bien, aquellos que dependen de las Fuerzas Armadas. De 88, solo 40 recibieron la acreditación. Del resto, 16 no lo están, y 32 no se han sometido al proceso de evaluación, por lo que se les considera “fuera del sistema”.
Así, el 54% no cumple con la acreditación.
En cuanto a los alumnos, hay 56 mil jóvenes matriculados en estos recintos no acreditados, lo que equivale a un 11% del total de los inscritos en los planteles técnicos o en las instituciones de la defensa nacional (IDN). Esto significa que no pueden acceder a becas y créditos del Estado.
Para el director del Centro para la Transformación Educativa (Centre) de la UC, Ernesto Treviño, el alto número de instituciones sin acreditar evidencia una “desregulación” del sistema. “Por un lado, las acreditaciones ofrecen oportunidades a las instituciones para recibir recursos y apoyo del Estado. Pero por otro, se puede estar generando un mercado privado de educación superior que está desregulado”, señala.
En esa línea, afirma que la evaluación a la que se someten las instituciones técnico-profesionales no está pensada para este tipo de establecimientos. “Los procesos de certificación que hemos instalado en Chile están pensados y dominados por y para las universidades”, relata.
Coincide Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. A su juicio, el sistema de acreditación centra su mirada en las universidades tradicionales, algo que espera cambie con la implementación de la reforma. “Si bien hay un avance en la separación de los criterios del mundo técnico del universitario, se necesita mucho más adaptabilidad que esa para que la acreditación sea capaz de recoger la diversidad de los programas”, afirma.
Eso sí, advierte que si una institución no está acreditada “no es necesariamente un indicador de mala calidad”.
Las pedagogías
Caso aparte es el de las pedagogías. La ley de Carrera Docente estableció que todas deben estar acreditadas en abril de 2019. Actualmente, de las 507 carreras, un 35% sigue sin certificarse.
Sobre esto, Treviño, considera que la acreditación es un piso mínimo exigible y que el foco no debiese estar solo en la “presión” de chequear su calidad, sino en entregar medidas de apoyo “para mejorar, por ejemplo, plantas académicas e infraestructura, particularmente en regiones”.
Rodríguez, en tanto, prevé que la revisión obligatoria provocará una fuerte caída en la oferta de estas carreras, en gran parte porque los nuevos criterios “están siendo tremendamente rígidos y muy fuertes para las instituciones”, dice.