El Mercurio: El aporte anual del Estado a 115 planteles de educación superior fue menor a $1 millón por estudiante
Por C. Said
El año pasado, el Estado transfirió más de US$ 2 mil millones a 151 instituciones de educación superior, a través de financiamiento estudiantil e institucional, más los aportes que realizaron Junaeb, Conicyt, los gobiernos regionales y diversos ministerios.
En algunos casos, el aporte promedio por estudiante, considerando pregrado y posgrado, fue superior a los $3 millones. Pero otros 115 recintos -que reúnen al 57% de los estudiantes- recibieron, en promedio, menos de un millón de pesos al año por alumno.
Así se desprende de un análisis al sector realizado por la Contraloría General de la República, que muestra que seis de cada 10 pesos que aportó el fisco fueron a las 25 instituciones del Consejo de Rectores (CRUCh), mientras que los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) percibieron el 5% y 12% de los recursos, respectivamente.
Se trata de una diferencia que, según Raúl Figueroa, secretario ejecutivo de Acción Educar, muestra “la discriminación en la asignación de recursos públicos a la educación superior”, ya que “hay un grupo de universidades que acaparan prácticamente la totalidad de los aportes que entrega el Estado”.
A su juicio, que la mayoría de los recursos vaya a los planteles estatales y tradicionales es algo “que no tiene mucha justificación, ya que hay universidades de buena acreditación y alta investigación dentro y fuera del CRUCh”.
El ex ministro de Educación y miembro del consejo asesor de la reforma, Sergio Bitar, explica que la diferencia de aportes tiene que ver “con la complejidad de las universidades, donde hay algunas que realizan investigación y otras que tienen solo docencia”.
En esa línea, afirma que los planteles más complejos “tienen que seguir aumentando sus ingresos para mejorar sus investigaciones”, pero también se les deben incrementar los recursos a los planteles técnicos, que solo realizan docencia y no tienen posgrados, dado que también han aumentado su matrícula en el tiempo.
“Ahí debe radicar el mayor esfuerzo en el futuro. Por eso, es indispensable que se envíe el proyecto de ley que ponga fin al lucro en esas instituciones (transformándolas de sociedades a corporaciones o fundaciones) y sus estudiantes puedan acceder a la gratuidad en 2017”, puntualiza.
El experto en educación superior de la U. Católica y también miembro del consejo asesor, Andrés Bernasconi, coincide en que “las instituciones que hacen investigación y soportan la principal capacidad del país en materia científica y tecnológica” son las que deben recibir mayores recursos.
Pero plantea que se debe revisar cómo se distribuyen los recursos para hacer docencia de calidad. “Se piensa que la docencia en CFT e IP es más barata, en circunstancias de que una buena docencia técnica resulta más cara que la de las universidades”, explica.
“Hay que evitar que los recursos públicos se entreguen a universidades solo por el hecho de ser universidades, porque, en materia de subsidio al sector docente, el mundo técnico ha estado históricamente postergado”, puntualiza Bernasconi.
TRADICIONALES
Las universidades del Consejo de Rectores captan seis de cada diez pesos que el Estado aporta a la educación superior.
