El Mercurio: El complejo escenario que urge a Eyzaguirre a crear un interventor de universidades
Por M. Toro
“Tenemos algunas papas calientes entre manos y queremos que el Estado sea responsable”. Con seis procesos abiertos contra universidades, Nicolás Eyzaguirre -autor de la frase- tiene motivos para estar preocupado. Ya en el acta hecha por sus asesores de su reunión con la Confech se advierte que según el ministro de Educación, la aplicación de la reforma, llevaría a que “algunas universidades tengan que cerrarse”.
Sin embargo, más cerca de esos cambios está el fin de las indagaciones del Mineduc, que obligan al Gobierno a acelerar su agenda de educación superior.
Aunque el resto de los proyectos están programados para el segundo semestre, la ley corta de interventor de universidades será el primero que Eyzaguirre enviará al Congreso, esta semana y antes de los cambios al sistema escolar, que deberían ingresar antes del 21 de mayo.
“No va a ser una figura de interventor para cerrar una universidad, sino para salvarla”, dice Juan Zolezzi, rector de la U. de Santiago.
Según se ha explicado hasta ahora, el proyecto crearía un administrador provisional si se detecta infracción que amerite cierre en tres áreas: académica, administrativa o económica. El jefe de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, fue claro en decir que el interventor deberá -una vez dentro de la universidad- buscar una solución para el plantel.
Sus dichos los hizo minutos después de una sesión de la comisión de Educación de la Cámara Baja que analizó el paro de los alumnos de la U. Andrés Bello, el plantel más grande del país, con 42 mil alumnos.
Ante los parlamentarios, Martínez defendió que la “calidad de la UNAB no está en cuestión”, pero que “lo que sí hay es un informe que la involucra en presunto lucro”. Un día después, el ministro Eyzaguirre recibió de manos del presidente de la comisión “Lucro II”, Mario Venegas, el informe aprobado por la Cámara que afirma que sí habría lucro en los planteles del grupo Laureate -entre ellos la UNAB- y otros recintos.
Contrarreloj
En los pasillos del Congreso, asesores del Mineduc comentaron que una complejidad de la reforma es que Eyzaguirre tendría 200 días para presentarla. Septiembre es el plazo que se maneja para los proyectos de educación superior. Para ese entonces -dijeron- el interventor ya debería estar aprobado.
Otras fuentes que han tenido acceso a las investigaciones del Mineduc señalan que el riesgo no está necesariamente en la UNAB sino que en la debilidad de la ley que prohíbe lucro, pero no define cuándo se genera.
De ahí que los montos transados en varios planteles con sus empresas relacionadas han sido interpretados por algunos funcionarios como lucro, mientras otros lo descartan. Lo único claro es que si al cerrar una investigación se concluye que sí este existía, el plantel estaría violando estatutos, causal de cierre.
¿Cambio a la LOCE?
Hoy la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza establece dos tipos de sanciones: multa de 100 UTM o cierre. Para Raúl Figueroa, director de Acción Educar, el problema con una ley corta de interventor es que debería implicar un cambio en la LOCE, que cambie el rango de sanciones y que defina cuándo el administrador puede entrar sin violar la autonomía de un plantel. “Esa discusión tiene que ser anterior, porque si no lo nombrarás pero seguirá el debate de cuándo entra”, comenta.
El rector de la UC, Ignacio Sánchez, plantea otra visión. “No está en juego la autonomía porque el interventor actuaría cuando haya elementos sólidos para ver que una institución transgredió la legalidad. Ahí ya no se puede hablar de autonomía”, plantea.
Con todo, Figueroa insiste en que si no se regula el marco de sanciones antes, la figura del interventor -que considera necesaria- en la práctica, podría quedar solo en el papel.
