Este mes comienza la implementación de los nuevos estándares para acreditar el servicio educativo de los planteles.
Escrita por Dierk G.
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Las protestas estudiantiles han marcado este año, sobre todo a nivel escolar, tras el retorno a la presencialidad. Una de las consignas, así como de las promesas tras las masivas movilizaciones de secundarios y universitarios de la última década, ha sido la de “educación pública, gratuita y de calidad”, algo que se ha buscado impulsar por distintas vías.
Pero mientras se ha avanzado en la política de gratuidad, la calidad de enseñanza sigue siendo un desafío mayúsculo, de acuerdo con especialistas, pese a esfuerzos realizados en los recientes años.
Tras el escándalo de acreditaciones a planteles como la U. del Mar, que terminó cerrando en 2012 y dejó a más de 10 mil alumnos a la deriva, se avanzó en establecer criterios de certificación más estrictos. Y ya en 2018, en virtud de de la Ley de Educación Superior (21.091), las instituciones comenzaron a ser reguladas obligatoriamente en calidad, institucionalidad, financiamiento y fiscalización.
Nuevos estándares
En materia de aseguramiento, además, a fines de este mes comienzan a regir los nuevos estándares para la acreditación institucional, obligatorios para todas las instituciones, aunque con distintos parámetros si se trata de universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
Según Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, “tenemos que esperar a la implementación de estos criterios para poder ver la operación del último eslabón de esta reforma en materia de aseguramiento de la calidad”.
Asimismo, considera que “lo que es preocupante es que en varias instancias, tanto el ministro como la subsecretaria de Educación Superior han manifestado su interés de repensar o reorientar la calidad en relación con la gratuidad. Y cuando se les ha preguntado si eso tiene que ver con restringir el acceso de instituciones a la gratuidad no han sido claros”.
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