Una de las dudas que tienen las instituciones de educación superior en torno a la gratuidad es sobre cuántos recursos se entregarán por alumno -es decir, si se cubrirá el costo real de los planteles- y cómo se entregarán esas platas.
Según el último documento del Mineduc, se financiará a las carreras de pregrado presenciales, con un arancel regulado que será fijado por un panel de expertos, los que tomarán en cuenta los sueldos de los académicos, los costos de operación de la institución y la vulnerabilidad de los estudiantes, entre otros parámetros. Pero entre los actores del debate no existe acuerdo sobre si estos deben ser los criterios a considerar.
Por ejemplo, los planteles estatales creen que esas instituciones se deben financiar solo con aportes basales. La directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado, Marcela Letelier, explica que “los aranceles de referencia actuales están en directa relación con el mercado y el objetivo de la reforma es realizar un cambio paradigmático en el financiamiento”, por lo que ese instrumento no se debería usar.
Letelier añade que la reforma debe generar una red de planteles del Estado “que incluya el aporte de estos al desarrollo de sus respectivas regiones”, y que tenga “un enfoque de mayor equidad y desarrollo de nuestra sociedad”. Además, la experta afirma que “la gratuidad, tal como se está discutiendo hoy, es un tema entre privados”.
No opina lo mismo Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, quien plantea que se debe mantener el financiamiento a través de aranceles de referencia, considerando “una combinación de los costos que implica impartir esa carrera y los resultados asociados a esa formación, como tasas de empleabilidad y promedios de sueldo a futuro”.
El experto agrega que la brecha entre el arancel de referencia podría ser financiada gratuitamente para los sectores más vulnerables, estableciendo además un sistema de créditos para quienes pueden pagar.
El presidente de Vertebral -organización que reúne a centros de formación técnica e institutos profesionales-, Gonzalo Vargas, advierte que en el nuevo sistema de educación superior “no es factible hacer una fijación de precios”, porque “hay 12 mil programas de estudio diferentes y cada institución fija sus aranceles de acuerdo a distintos criterios”.
Por eso, plantea que se deben mantener las becas, pero elevando sus coberturas. “La Nuevo Milenio cubre $600 mil de aranceles que van entre $1,2 millones y $1,5 millones”, critica el también rector de Inacap.
En los centros de estudio proponen la integración de nuevos factores. María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo, dice que se deben incorporar “variables como la empleabilidad y el ingreso esperado a futuro”.
Eso sí, advierte que “más allá de las variables que se puedan incorporar, también dependerá de las decisiones que tomará el grupo de expertos que decidirá el financiamiento”.
En el Centro de Estudios Públicos (CEP) también elaboraron un análisis, donde proponen que los recursos otorgados varíen de acuerdo al nivel socioeconómico del estudiante, a la carrera que estudie y a la institución en la que esté matriculado, “porque estas son muy heterogéneas y porque hace sentido que las que lo hacen mejor reciban más recursos”.
También proponen ligar el monto entregado a lo que los egresados ganarán a futuro.