El Mercurio: El gobierno destinará $748 mil millones a la gratuidad, buscando duplicar los beneficiados

• 1 de Octubre, 2016

La glosa presupuestaria coloca nuevas exigencias a los planteles, como tener un sistema de admisión, y un plazo de más de un año para que los establecimiento técnicos beneficiados se convierten en sin fines de lucro.

Por J. Herrera y C. Said

La gratuidad en la educación superior es una de las políticas sociales más emblemáticas para la Presidenta Bachelet, y así se notó en la Ley de Presupuestos. De acuerdo con la propuesta, esta asignación tendrá un aumento de recursos del 60%, llegando a $748 mil millones. Esto equivale -para dimensionar la cifra- al doble del presupuesto inicial que tenía el puente Chacao.

El alza ocurre principalmente por el ingreso de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) a la medida, los que se sumarán gracias a un proyecto de ley que los transformará en sin fines de lucro. Así, el Gobierno espera duplicar los 139.578 estudiantes que este año estudian sin pagar matrículas ni aranceles.

Ingresan los planteles técnicos

Serán beneficiados los estudiantes del 50% más pobre, que estén en recintos que al 23 de diciembre estén acreditados por cuatro años o más y no tengan fines de lucro. Este año, la Beca Nuevo Milenio III fue entregada con esos requisitos y favoreció a 61 mil jóvenes.

Eventualmente podrían sumarse más planteles -si deciden cambiar su personalidad jurídica- e ingresar más estudiantes, pero los expertos ven difícil llegar a los 140 mil alumnos comprometidos. Ernesto Treviño, investigador de la U. Católica, dice que “la probabilidad de llegar a ese número de alumnos, dadas las condicionantes de que no deban tener fines de lucro, es baja. Porque al transformarse deben también cambiar sus procesos administrativos y financieros, y no lo pueden hacer en dos meses”.

Raúl Figueroa, de Acción Educar, añade que “es difícil saber si los planteles están en condiciones de transformarse, ya que las condiciones que se están estableciendo no son las apropiadas”. Advierte que cerca de 70 mil jóvenes podrían quedar fuera.

Sistema de admisión

Junto con las condiciones anteriores, las instituciones -universitarias y técnicas- tendrán un requisito más: deberán contar con exigencias de ingreso. Así, podrán estar en el Sistema Único de Admisión (SUA) o bien tener un sistema propio “transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias”, el que debe ser público en un sitio web al 1 de diciembre. Esto es una innovación para los planteles técnicos.

Y además, en las universidades, al menos el 80% de los estudiantes nuevos de 2017 deberán tener un puntaje promedio igual o mayor a 450 puntos entre las pruebas PSU de Lenguaje, Matemática, NEM y ranking de notas, en igual proporción.

Plazos

Las universidades que quieran sumarse a la gratuidad 2017 deberán informar su voluntad a más tardar el 15 de diciembre. Asimismo, los planteles que ya estén en ella y quieran renunciar, también tienen hasta ese día para expresar su parecer.

En el caso de las instituciones técnicas, podrán acceder a la gratuidad las que al 23 de diciembre tengan 4 años de acreditación y no persigan fines de lucro. Los recintos que no cumplan con este requisito podrán manifestar su intención de transformarse a sin fines de lucro antes del 15 de diciembre. Dicho cambio tiene que ser efectivo antes del 31 de enero de 2018.

Aranceles regulados

Aunque los rectores habían solicitado que se cambiara la fórmula de cálculo de los aranceles regulados -mecanismo que reemplaza las mensualidad-, para que así se incorporaran “los costos reales” de los planteles, esto no ocurrió. Este año, los aranceles regulados solo serán reajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El mecanismo de aranceles regulados también se aplicará para los planteles técnicos, pero una de las dificultades que experimentarán es que ellos, al contrario de lo que ocurrió el año pasado con las universidades, no pudieron negociar la fórmula de cálculo ni han podido estimar si van a tener déficit en sus ingresos.

Treviño anticipa que este tema volverá a ser polémico, pues el cálculo de los aranceles “es complejo y esto refleja el profundo desconocimiento y desprecio que tiene el actual gobierno por las instituciones de educación superior. Ellas hacen planes a 5, 10, 20 años, y no pueden tomar decisiones en dos o tres meses”.

Crédito con Aval del Estado

Una crítica que surge cada año es sobre los montos que se destinan a “comprar” las deudas que los estudiantes tienen por el Crédito con Aval del Estado (CAE). En esta oportunidad, se destinarán $705 mil millones para ese fin, casi lo mismo que lo que entregará a la gratuidad.

Además, los fondos para este fin aumentaron en 18% en comparación con el año pasado, cuando se contemplaron $598 millones para este fin.

“Muchas veces se nos dice que no hay plata, que hay que ajustarse el cinturón, que la economía está débil; sin embargo, vemos cómo muchos de los recursos de las arcas fiscales van a parar directamente a los bancos, y en este caso, a las manos de los que lucran”, dice Camila Rojas, vocera de la Confech, quien asegura que “no hay luces de que se vaya a terminar con el endeudamiento”.

Becas de educación superior

Producto del aumento de la gratuidad, la asignación de recursos para las becas tuvo una baja de 20%. Por ejemplo, la Beca Nuevo Milenio cae de $124 mil millones a $74 mil millones.

Crecimiento de matrícula

Al igual que el año pasado, la glosa prohíbe que las universidades con gratuidad aumenten los cupos ofrecidos en más de 2,7%, para así procurar que no haya un aprovechamiento del beneficio. Eso sí, este requisito no se establece para los institutos y centros técnicos que se sumen al beneficio.

Difusión de la gratuidad

Otro gasto asociado a la gratuidad dice relación con la difusión del beneficio. En la propuesta de presupuesto que el ministerio le envió a la Dipres, y a la que accedió “El Mercurio”, se dice que se necesitan $858 millones para promover la política en medios masivos, y otros $351 millones para “tecnología”. También se piden $30 millones para asesorías y estudios.

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