Expertos plantean que la situación no es necesariamente negativa para el sistema, y que los alumnos podrían optar a enseñanza de mejor calidad.
El 3 de julio se cumplió el plazo autoimpuesto por el Ministerio de Educación y las autoridades de la U. Iberoamericana para que sus estudiantes comenzaran el año académico 2018. Pero esto aún no ocurre ni tampoco existe una fecha tentativa para su concreción.
Se trata de la última institución que entró en el proceso de cierre debido a sus problemas financieros. Y de acuerdo con el Consejo Nacional de Educación (CNED), desde 2010 otros 45 planteles de enseñanza superior han cerrado o están en proceso de cierre.
La cifra total no parece algo “extraño” para el presidente del CNED, Pedro Montt, quien sostiene que “en algún momento la apertura de instituciones era relativamente común”.
Agrega que “muchos de los cierres han sido solicitados voluntariamente por las instituciones y (en esos casos) han sido ordenados, han seguido las secuencias, han cumplido plazos y se han protegido los derechos de los estudiantes”.
La mayor parte de los planteles que cesaron sus funciones (34) son Centros de Formación Técnica (CFT), a los que se suman seis institutos (IP) y otras seis universidades.
“Los CFT son las instituciones más chicas del país y por eso no logran subsistir con números muy bajos de alumnos. Si bien ellos podrían no acreditarse y seguir así, con el tiempo vemos que los estudiantes han preferido casas de estudio acreditadas”, sostiene Andrés Bernasconi, director del Centro de Justicia Educacional de la U. Católica.
Sin embargo, “sí es extraño y preocupante que en algunos casos se pase a llevar los derechos de los estudiantes. De eso es lo que el organismo del Estado tiene que estar preocupado”, dice Montt.
Si bien algunos cierres de casas de estudio se han conocido como problemáticos -como el caso de la U. del Mar, U. Arcis y el más reciente de la U. Iberoamericana-, Bernasconi sugiere que también puede tener un aspecto positivo.
“Usualmente hay pérdida de avance curricular porque la institución que lo recibe no necesariamente le reconoce todo lo que estudiaron”, dice. Sin embargo, asegura que “cada vez que cierra un plantel, a muchos estudiantes se les abren perspectivas de ingresar a una educación de mejor calidad”. Además, indica que “el sistema como un todo mejora porque las instituciones de menor calidad van desapareciendo y se produce una cierta consolidación de los planteles más grandes y sólidos”.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, es enfático al afirmar que “si hay instituciones que no dan el ancho y fracasan en su proyecto educativo o estado financiero, es natural que salgan del sistema, porque si no, el Estado estaría tratando de salvar proyectos artificialmente y que no se pueden salvar”.
Acreditación
Según los antecedentes del CNED, este año hubo un récord de matriculados con un total de 1.176.915 alumnos, lo que equivale a un 1,1% más que en 2017. Con esto se revierte la disminución de inscritos que se observó los años previos. Este incremento en la matrícula se debe primordialmente a un aumento del 2,1% de alumnos en las universidades, y en menor medida de los CFT e IP.
Además, el 91,6% está matriculado en planteles acreditados. La mayor parte (42,3%) va a instituciones con entre 4 y 5 años de acreditación, seguido por los alumnos que optan por los más altos estándares de certificación entre 6 y 7 años (30,8%), y los que van a casas de estudio con acreditaciones menores, como de 2 a 3 años, no llegan a un número tan alto (18,5%). La cantidad de jóvenes que optan por instituciones no acreditadas ha bajado del 61,1% en 2005 al 8,4% en 2018, lo que demuestra que la certificación es un factor a la hora de elegir.