Se proyecta que los beneficiados podrían llegar a 450 mil. Para solventar este incremento del gasto, sin embargo, se debieron hacer ajustes en otras áreas.
Por V. González
Lograr un uso eficiente de cada peso ha sido la consigna en la compleja tarea de elaborar el presupuesto para el próximo año, ante el difícil momento económico del país. Es un escenario de austeridad, que ha llevado a que varias partidas reduzcan sus recursos.
Una excepción será la gratuidad. Los fondos destinados a financiar esta política tendrán un alza de 9,6%, pasando de $1,1 billones a $1,2 billones (US$ 1.532 millones). Esto permitirá dar respuesta al ingreso de siete nuevas instituciones a partir del próximo año: cinco ya existentes, que pidieron al Mineduc sumarse y fueron aceptadas, y dos CFT estatales que iniciarán sus actividades en marzo de 2021, en las regiones de Atacama y Arica y Parinacota.
Se estima que en 2021 cerca de 450 mil jóvenes vulnerables podrán cursar sus estudios con este beneficio estatal. Entre ellos, unos 31 mil podrían hacerlo en las siete casas de estudios que se sumarán. ‘En un año tan complejo, este aumento en el presupuesto de gratuidad da cuenta del enorme esfuerzo que está haciendo el Estado por apoyar a los jóvenes más vulnerables’, señala el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
Ajustes necesarios
Pero este incremento tiene efectos colaterales. ‘En un contexto de estrechez fiscal como el que atraviesa el país, para hacer frente a este aumento en el presupuesto de educación superior, lamentablemente nos hemos visto obligados a hacer ajustes en otras partidas, los que se concentran en los aportes basales a las instituciones’, añade Vargas.
Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, ve en el creciente gasto de esta política una suerte de ‘chaleco de fuerza’. ‘Una vez que se establece, el Estado está obligado a otorgarla a quienes cumplan con los requisitos y eso impide focalizar recursos en otras urgencias, no solo en educación superior, como la enseñanza escolar. Sabemos que hay un desafío gigantesco que se viene con la educación en la pandemia’.
A juicio de la abogada, urge ‘repensar cuál es el sistema que queremos’ y en esa perspectiva, reitera la necesidad de considerar fórmulas que permitan el retorno de recursos. ‘Lo que hace regresivo esto es el hecho de que no permitamos que personas que el día de mañana van a contar con recursos para retribuir no lo puedan hacer. Eso finalmente evita que podamos tener una política sustentable’, advierte.
Esperado beneficio
Los cinco planteles que presentaron solicitudes para incorporarse a la gratuidad tuvieron una respuesta favorable. Son el CFT Santo Tomás, el CFT Lota Arauco, el IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago, la U. Bernardo O’Higgins y la U. Mayor.
El caso de esta última fue el que generó mayor revuelo, pues su rector, Rubén Covarrubias, fue durante años un reconocido crítico de esta política. En mayo, tras solicitar el ingreso de su universidad, el académico argumentó que debían reinventarse y adaptarse al nuevo escenario económico. ‘Esto es realismo puro’, dijo.
La confirmación del ingreso a esta política era una noticia muy esperada en cada uno de los planteles que lo solicitaron.
En el CFT Lota Arauco, por ejemplo, la expectativa era alta, pues proyectan que casi el 100% de sus más de dos mil estudiantes podría verse favorecido.
‘La gran mayoría de nuestros alumnos pertenecen al grupo más vulnerable, entonces la gratuidad es una herramienta perfecta para efectos nuestros’, dice Rolando Hernández, presidente del directorio de la Corporación Educacional UdeC, a la que pertenece el plantel.
‘También sabemos que en la gratuidad los aranceles no necesariamente alcanzan para todo como uno quisiera hacerlo. Eso se ve en toda la discusión que hay en el Consejo de Rectores, eso es así. Pero bueno, ese es el marco’, matiza sobre la política.
Con todo, Hernández destaca que ‘es un beneficio muy grande. Tenemos la gran mayoría de nuestros estudiantes que van a poder beneficiarse y bueno, nos tendremos que acomodar’.