Este año, la educación superior ofrecerá más de 21 mil programas académicos de pregrado y posgrado, sumando todas las carreras de todas las instituciones del país. Se trata de una cifra 25% mayor a la que había hace seis años, período en que creció fuertemente la oferta en áreas como Ingeniería y Salud.
De acuerdo con estadísticas del portal Mi Futuro, este crecimiento se explica principalmente por la expansión de universidades privadas, que sumaron 2.394 programas en ese período.
En contraparte, a nivel geográfico, hay una reducción de la oferta en algunas regiones: los programas disminuyeron 41% y 21% en Aysén y Magallanes, respectivamente, y ocho regiones suman menos del 16% de los planes de estudio (ver infografía).
Este panorama es el que podría cambiar con la reforma a la educación superior, que será tramitada en el Congreso en los próximos meses y que incorporará un “marco de cualificaciones” en el sistema.
Este es un instrumento que articulará los niveles de estudio e igualará los perfiles de egreso, de tal manera que haya una equivalencia entre las carreras de los planteles, lo que permitirá a los estudiantes, por ejemplo, cambiarse de recintos y mantener su trayectoria de estudios.
Para los expertos, la discusión sobre este marco de cualificaciones es fundamental para concretar una mejora en la educación, pero difieren sobre sus criterios.
El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, dice que la evolución del sistema “obedece a la capacidad de reacción de las instituciones ante la demanda de los estudiantes y del mundo productivo”, lo que explica que la mayor expansión sea en el sector privado.
“Las universidades del Estado tienen mayores trabas burocráticas para hacer eso”, añade Figueroa, por lo que la reforma debe “mantener la autonomía de las instituciones para crear programas de estudio”.
En esa línea, dice que el marco de cualificaciones debe “facilitar la comunicación entre las necesidades del sector productivo y de los estudiantes, y la capacidad de las instituciones para hacerse cargo de estas exigencias”. En ese escenario, opina que el Estado “debe tener un rol de articulación y no de imposición”.
Planteles públicos
Una opinión distinta tiene el director de la Fundación Nodo XXI, Víctor Orellana, quien dice que “se necesita que las universidades públicas sean el eje de la oferta de carreras, y que estas sean planificadas en virtud de las necesidades del país”.
Sin embargo, afirma que “esto no lo va a lograr en sí mismo el marco de cualificaciones”, porque “existe el peligro de que esta sea una medida que establezca los precios de la educación, más que orientar las carreras a objetivos de nivel país. Entonces, podríamos tener un marco de cualificaciones y seguir teniendo el escenario caótico de hoy”.
La rectora de la Universidad de Aysén -plantel recientemente creado en esa región-, Roxana Pey, añade que, “en un contexto de gratuidad, es necesario tener un sistema más articulado que el actual”, donde un estudiante pueda “navegar” entre niveles de estudio y planteles, de forma eficiente.
Y por lo mismo, dice que la gratuidad debe ir más allá del pregrado. “La reforma no aborda los posgrados, los que tendrían que ser gratuitos. Además, aún no hay suficientes profesionales con magísteres y doctorados, pensando en el desarrollo del país”, plantea Pey.
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